Leobardo Hernández

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró la disposición del gobierno para que defensores de las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa accedan a archivos correspondientes al caso, y propuso entregarles recursos para que contraten expertos del país en el rubro, tras sostener que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha defendido la impunidad, y no los Derechos Humanos.

El mandatario asumió el compromiso de continuar personalmente con la investigación sobre el secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, misma que, aseguró, avanza, a pesar de que la administración de Enrique Peña Nieto hizo lo posible por sostener una “verdad histórica” con manipulación de pruebas para ocultar la realidad de los hechos.

“No está fácil porque lo enredaron de manera deliberada para que no se conociera la verdad”, aseguró, y añadió que esto no fue únicamente obra de las autoridades federales en turno, sino también de comisiones de derechos humanos que asesoraron en la búsqueda.

Al respecto, manifestó que “todos estos casos, por ejemplo, hay que revisarlos con calma porque se metió este organismo, la Comisión interamericana de los Derechos Humanos, y no le tengo nada, nada de confianza […] No tengo confianza porque tengo pruebas: dejaron en libertad a quienes habrían participado en la desaparición de los jóvenes promoviendo juicios donde se argumentaba que se había torturado a detenidos, y resulta que por esa sentencia, dejaron en libertad a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes”.

Agregó que los mismos, tras ser liberados, asumieron su responsabilidad, pues “terminaron como testigos protegidos diciendo ‘sí, participé’, y cuando salieron las resoluciones para liberarlos, se festejó”, por lo que en un principio debieron completar su proceso tras las rejas. En este renglón enfatizó que las autoridades y defensores de Derechos Humanos “no cuidaron el derecho de las víctimas, y se supone que son los mismos defensores de las familias de los desaparecidos”.

En este sentido, reveló que durante las reuniones que ha sostenido con las familias de los 43, los defensores de las y los afectados “le pidieron al representante de nosotros [del gobierno], todos le dijeron que ya no querían que yo hablara de esto en la mañana. Y ofrezco disculpas, pero yo no me puedo quedar callado. Es como si yo participara en el pacto de silencio: la verdad es la que nos va a hacer libres”.

El tabasqueño acotó que instruyó al secretario de la Defensa Nacional para entregar toda la información recabada por dicha instancia a los defensores de las víctimas; sin embargo, varios folios y grabaciones desaparecieron; no obstante, se pidió a autoridades estadounidenses las grabaciones de grupos delictivos que habrían participado en el suceso, pero también estaban incompletas.

Ante dicha situación, el gobierno mexicano autorizó que los defensores y afectados ingresaran al archivo de la Defensa Nacional para constatar la ausencia de los documentos, pues desconfiaban de la veracidad de la versión oficial. Así se les concedió “un mes para que visiten todo el archivo, lo que quieran, de la Defensa [Nacional]” a lo que se negaron por supuesta falta de tiempo, por lo que el gobierno accedió a concederles 3 meses para la revisión.

Pese a esta facilidad, los afectados pidieron la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al cual, expresó el presidente, “ya no les tengo confianza”.

Argumentó, durante la conferencia matutina, que le perdió la confianza a este grupo después de que, cuando se giró la orden de aprehensión contra el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien personalmente asumió su responsabilidad en la creación de la “verdad histórica”, “en vez de verlo como un hecho positivo […] me reclaman, y una señora del GIEI dice ‘es que se debió esperar nueve meses‘”.

En este sentido, declaró categóricamente: “en nueve meses no detenemos a nadie. ¿Entonces qué quieren, qué buscan? ¿Que nunca sepamos nada?¿Que no se detenga a nadie?¿Que me tengan a mí como rehén? No, no. Yo siempre he luchado por la defensa de los derechos humanos y por la justicia, y no soy rehén de nadie”.

Con esta base, recomendó a la defensa de las familias de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa contratar a expertos en manejo de archivos, y planteó que desde el gobierno “les damos los recursos para que ellos contraten a quien quieran, porque no tenemos nada que esconder. Pero parece que no quieren que se avance”.

(Foto: presidencia)