Estefanía Antonio

“¿Qué les pasa? ¿cuánto vamos a tener que soportar? ¿por qué tanta omisión? ¿por qué tanta indolencia? ¿Por qué nosotras las victimas tenemos que volver a vivir esto? ¿por qué no hay garantías de no repetición? ¿Por qué nadie se para aquí a responder? ¿por qué el gobernador no recibe a las víctimas? ¿por qué no nos escuchan?”, denunció Lorena Gutiérrez, madre de Fátima Varinia Quintana, quien fue víctima de feminicidio cuando tenía once años, el 5 de febrero de 2015.

De acuerdo con la investigación Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México, realizada por Amnistía Internacional, las familias de las víctimas de feminicidio no solamente se enfrentan a los daños colaterales de un feminicidio, sino también a la violencia institucional, revictimización, amenazas, perdida de su patrimonio y, por supuesto, la pérdida de confianza en las instituciones.

Lorena Gutiérrez ha luchado durante casi una década para que los responsables del feminicidio de su hija sean sentenciados; sin embargo, ahora también lucha para que los culpables de la muerte de su hijo de 16 años, quien fue víctima de la omisión médica en Nuevo León, sean investigados.

Ella, junto con su familia, fueron enviados bajo la premisa de estar bajo protección a víctimas, a Nuevo León, no obstante, el 26 de noviembre de 2020, perdió la vida en un hospital psiquiátrico tras ser rechazado del nosocomio Universitario de Nuevo León bajo el argumento de que su padecimiento tenía origen psicológico.

Según relata Lorena, le recetaron analgésicos y un ansiolítico; sin embargo, la dosis fue excesiva y su hijo, de nombre Daniel, pasó semiinconsciente varias horas hasta que murió.

“Yo les pedí ayuda a la Fiscalía y a la Comisión 30 días antes de que asesinaran a mi hijo, 4 días antes, 72, 36, 24, 12, 11, 9, 8, 10 horas antes, hasta que murió mi hijo […] pero hasta que falleció sí hubo forenses que fueron a recoger el cuerpo de mi hijo; pero horas y meses antes, ni la comisión, ni la Fiscalía nos ayudó cuando era su obligación y el derecho de nosotros como víctimas”.

En la investigación mencionada, se evidenciaron las deficiencias y omisiones por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en el tratamiento de los casos de cuatro feminicidios, donde se comprobó que la perspectiva de género no se aplicó correctamente, las investigaciones fueron deficientes, se perdieron evidencias, las familias fueron revictimizadas y no se les apoyó los suficiente, pues terminaron recibiendo amenazas, así como gastando tiempo y dinero para que, finalmente, sus casos no fueran resueltos de la mejor manera.

“¡¿Por qué tenemos que vivir nosotros esto?!, ¿por qué no para la violencia en contra de las víctimas?, ¿por qué una víctima como mi hijo, una víctima colateral del feminicidio de Fátima, tuvo que ser asesinado por no garantizarle el acceso a la educación?, ¡la Comisión de Victimas tenía que hacerlo hecho!”, señaló Lorena Gutiérrez.

Exhorta Morena a la FGJEM a explicar la cancelación de su disculpa pública

Después de que, por tercera vez, la FGJEM, canceló el pasado 16 de septiembre la disculpa pública que, por ley, debió brindar a las familias víctimas de feminicidio por omisión y deficiencias en la investigación de los casos; el Grupo Parlamentario de Morena en la Legislatura Mexiquense, presentó un exhorto al Fiscal José Luis Cervantes para que informe las razones de dicha cancelación.

El exhorto, votado a favor por 66 diputados y diputadas, solicita además que, el Fiscal José Luis Cervantes, informe de manera concisa la nueva fecha, horario y lugar para la disculpa pública para las familias de Daniela Sánchez Curiel, Nadia Muciño Márquez, Diana Velázquez Florencio y Julia Sosa Conde, víctimas de desaparición y feminicidio en el Estado de México.

Asimismo, se solicita que se garantice la no repetición de otra cancelación de disculpas, que se informe sobre el número y estatus de las investigaciones de víctimas de desaparición y feminicidio, así como los recursos humanos, materiales y presupuestales para la realización de las investigaciones.

Karina Labastida Sotelo, diputada que presentó y dio lectura al exhorto, también recalcó que las familias de las víctimas de feminicidio han padecido violencia institucional pues no solo se trata de las ya reconocidas faltas y omisiones en los procesos de investigación que tiene el FGJEM con los casos mencionados, sino también de la falta de un pronunciamiento público que acepte su responsabilidad.

Señaló que la disculpa pública busca restablecer la dignidad de la víctima de feminicidio y/o desaparición; por tanto, se debe realizar bajo la Ley federal de responsabilidad patrimonial del Estado; Ley de Víctimas; Ley de reparaciones; Ley de Amparo y la Ley General de Víctimas, promulgada el 9 de enero de 2013.

(Foto: Especial Portal)