Eric Rosas

El verdadero encargo

La semana pasada daba cuenta aquí, en La Onda Plana, del verdadero trasfondo que ha habido durante estos recientes cuatro años del actual Gobierno Federal, detrás de todas las acciones tomadas por la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) en detrimento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI): la avidez por hacerse con el dinero que cada año se entrega a esa dependencia para pagar los estímulos económicos con los que se acompaña la distinción de candidato o investigador nacional en todos sus niveles.

Sin embargo, lo que algunos colegas dieron a conocer en los distintos grupos de conversación de las redes sociales durante la semana que acaba de concluir resulta verdaderamente irracional. Según las capturas de pantalla compartidas, la dependencia parece haber estado enviando solicitudes a los investigadores que laboran para instituciones privadas a fin de que devuelvan el dinero que recibieron como parte de sus becas por pertenecer al SNI. En las cartas, que están fechadas alrededor del 9 de octubre pasado, se refiere como fundamento para la solicitud de devolución del estímulo económico lo establecido en las fracciones XI y IV de los artículos 2 y 71, respectivamente, del Reglamento del SNI.

Los comunicados puntualizan que el requerimiento se motiva en virtud de que en los meses de enero y febrero del 2022, en los que se realizaron los depósitos de la beca reclamados, los científicos beneficiarios se encontraron trabajando para instituciones privadas, por lo que dichos apoyos no procedían. El CONACyT les recuerda a los académicos que, dado que los montos depositados provienen del erario —obviamente—, el dinero deberá reintegrarse a la Tesorería de la Federación y en un plazo no mayor a tres meses, usando para la devolución la línea de captura que deberá solicitar indicando con pesos y centavos el monto que entregará. Además, el CONACyT advierte a los académicos que, de no realizar el reintegro de los recursos, se verán impedidos de participar en las convocatorias del SNI y cita como fundamento legal lo plasmado en el artículo 63 del mencionado Reglamento.

Esta nueva aberración se une a otras previas impulsadas por la bióloga María Elena Álvarez-Buylla Roces quien, por ejemplo, a inicios de la pandemia se atrevió a solicitarle a los científicos que “donaran” una mensualidad de sus estímulos para adquirir vacunas contra la covid-19; luego respaldó el pretexto usado por el primer mandatario para finiquitar los fideicomisos para ciencia y tecnología, a fin de —nuevamente— destinar sus recursos para la adquisición de los biológicos. En el mismo sentido se pueden referir a los significativos recortes aplicados en el número de becas de posgrado que en el último ejercicio ha llegado a su mínimo histórico; al despido de los jóvenes investigadores que habían sido contratados mediante el programa de repatriación denominado Cátedras CONACyT; o a la propia declaración que ella hiciera hace unos meses, aceptando que el dinero que debió haberse dirigido a proyectos científicos, fue desviado para financiar la construcción del tren maya, la refinería de Dos Bocas y el aeródromo de Santa Lucía.

Es obvia la avidez que la administración de la doctora Álvarez-Buylla tiene por hacerse con el dinero público que la Federación le encomienda para fomentar la ciencia y la tecnología en México. También resulta cada vez más evidente que el verdadero encargo que el presidente le dio a la titular del CONACyT no fue el de apoyar a los científicos mexicanos, sino recaudar todo el dinero que le fuera posible.

Lo anterior, dicho sin aberraciones.