Eric Rosas

¿Libertad o libertinaje de investigación?

El último día de agosto se dio a conocer que la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados avaló por unanimidad el dictamen del proyecto de decreto mediante el que se busca reformar el artículo 48 de la actual Ley de Ciencia y Tecnología, para permitir que los Centros Públicos de Investigación (CPIs) que coordina el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) se gobiernen a sí mismos, y al mismo tiempo garantizar que gocen de la libertad académica, de investigación y de cátedra.

Dicha iniciativa fue propuesta por el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks, quien ocupó la rectoría de la Universidad de Guanajuato, su estado natal, por los periodos de 1991 a 1995 y de 1995 a 1999; durante el sexenio del presidente Felipe Calderón sirvió como director general del CONACyT del 2006 al 2011; y en las cuatro legislaturas federales en las que ha participado como senador o diputado, ha integrado las comisiones de Ciencia y Tecnología, o de Ciencia, Tecnología e Innovación, respectivamente. Es decir, el proponente conoce muy bien los CPIs a los que ha propuesto dotar de mayor autonomía; baluarte que, por cierto, consiguió para la máxima casa de estudios guanajuatense durante su rectorado.

La libertad de investigación ha sido una demanda de la comunidad de los CPIs que se ha intensificado en los años más recientes, sobre todo a consecuencia de los embates de autoritarismo que ha encabezado la actual directora general del CONACyT, quien pretende que los científicos de México restrinjan su líneas de investigación exclusivamente a aquellas que concuerden con sus filias, e incluso ha dejado plasmado en su iniciativa para una nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación que sea el Estado Mexicano —léase, el presidente— el que decida en qué se puede realizar investigación en nuestro país.

Por supuesto que urge blindar la libertad de investigación científica contra cualquier intento presente o futuro por contaminar a la ciencia con ideologías políticas y con ello evitar que en México puedan reeditarse algunos vergonzantes episodios de la historia de la humanidad, en los que algunos gobiernos —como el soviético— han dirigido su agenda científica conforme a los intereses particulares de sus líderes, impulsados éstos por el único deseo de sostener su discurso a cualquier costo. Sin embargo, no se debe perder de vista que entre los 26 CPIs del CONACyT, existe aproximadamente un tercio cuyas disciplinas de estudio están en el ámbito social; otro tanto está claramente enfocado a distintas áreas de la ingeniería; y una igual proporción en la que, aunque se identifican como “centros científicos”, en realidad se realizan mucha más investigación aplicada que ciencia básica.

Ante tal realidad, que nos deja ver con toda claridad la diferencia fundamental que hay entre la universidad pública y una entidad gubernamental como lo son los CPIs que coordina el CONACyT, convendría analizar qué porcentaje de la investigación que se realiza en este conjunto de instituciones efectivamente califica para ser considerada como ciencia básica y entonces reevaluar si esta fracción es suficientemente significativa como para que a los 26 CPIs se les otorgue una libertad de investigación absoluta; o si, en caso de que esta fracción resultase francamente minoritaria, convendría mejor trasladar estas pocas líneas de estudio a las universidades más cercanas o afines y mantener a la investigación dirigida de los CPIs bajo los criterios de pertinencia que dicten las necesidades de nuestra nación.

Lo anterior, dicho sin aberraciones.

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