La Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal aprobó por mayoría de votos que los ayuntamientos de San José del Rincón, San Felipe del Progreso y Nicolás Romero enajenen y subasten públicamente dos, uno y seis inmuebles municipales, respectivamente, para obtener recursos y cumplir con sentencias judiciales, aunque su presidenta, la diputada Anais Miriam Burgos Hernández (Morena), señaló que se debe castigar a las o los servidores públicos que ponen en riesgo las finanzas públicas y el patrimonio de la ciudanía.

La legisladora puntualizó que de no aprobar las iniciativas enviadas por el titular del Ejecutivo se podrían tener consecuencias legales para las actuales y futuras administraciones municipales, pero subrayó que las salidas fáciles con el tiempo generan crisis insostenibles para la ciudadanía, por lo que exhortó a las autoridades municipales y estatales a ser eficientes en el manejo de recursos públicos, pues para 2022 se incrementó el 4.7% el presupuesto a las entidades y los municipios, participaciones que no estarán etiquetadas y será su responsabilidad determinar las prioridades del gasto.

A San José del Rincón se le autorizó desincorporar dos inmuebles con superficie de cinco hectáreas cada uno para que pague una deuda de 28 millones 155 mil pesos por el revestimiento de caminos derivado del contrato firmado por la administración 2009-2012 con la empresa Ulsa Consorcio Urbanista e Inmobiliario S.A. de C.V. ; mientras que a San Felipe del Progreso se le autorizó desincorporar un inmueble de mil 727.83 metros cuadrados para transmitirlo al ciudadano José Armando Sandoval Esquivel para dar cumplimiento al requerimiento de pago dictado dentro del expediente 1464/2006 tramitado ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

A Nicolás Romero se le autorizó enajenar seis inmuebles, de entre 126 a 969 metros cuadrados, para pagar un laudo en favor de Agustín Olivares Balderas por requerimiento de pago y/o embargo ante la sala auxiliar de Tlalnepantla por 40 millones 456 mil pesos.

Respecto a las solicitudes de desincorporación de los municipios de Metepec y Toluca, así como del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym), se aprobó solicitar a la Junta de Coordinación Política que convoque a síndicas o síndicos municipales y a representantes del Instituto y de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, pues persisten dudas sobre el destino de los recursos que se obtendrán.

En la reunión la diputada Anais Burgos, Emiliano Aguirre Cruz, Alicia Mercado Moreno y Elba Aldana Duarte, de Morena, y Juana Bonilla Jaime, de MC, criticaron el manejo de las finanzas públicas municipales y solicitaron más información sobre las solicitudes de desincorporación de los ayuntamientos y sobre el destino de los recursos de los 22 predios del Issemym, de los cuales se busca obtener 328 millones 866 mil pesos.

En tanto que Paola Jiménez Hernández e Iván de Jesús Esquer Cruz, del PRI, y Miriam Escalona Piña, del PAN, argumentaron que los ayuntamientos cuentan con la facultad de enajenar sus inmuebles y que el Issemym fortalecerá la atención a derechohabientes con la desincorporación de predios, mientras que el diputado Jesús Isidro Moreno Mercado (PRI) solicitó información sobre los municipios que le adeudan al Instituto.