Ramón Cuevas Martínez 

Seguridad pública municipal. ¿Por dónde empezar? 

Nombrar un mando castrense (miembro activo o retirado del Ejército), comprar más patrullas, o comprar drones de vigilancia son errores en la estrategia de seguridad pública que deterioran el prestigio de las corporaciones policiales locales. Estos errores se cometen cada tres años por algunos alcaldes que inician funciones. 

La falta de resultados en la materia salta a la vista del más ciego y también del más sordo, por ejemplo, el pasado mes de junio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), llevó a cabo el levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), reflejando durante ese mes, que el 66.6% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro. Este dato ha sido constante los últimos 5 años. 

La seguridad pública es un servicio que corresponde a los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), y no hay que olvidar que la percepción ciudadana se genera a partir del entorno más próximo; en este sentido, es desde lo local donde se nota una ausencia de acciones efectivas que velen por la seguridad e integridad de las y los ciudadanos. 

¿Qué acciones pueden implementar los gobiernos para hacer sentir más segura a su ciudadanía? ¿poner a un exmilitar al frente de un cuerpo de seguridad es suficiente para decir que se brinda un servicio de calidad?  

Acertadamente, en México, existen gobiernos que han optado por mejorar el servicio público de la seguridad que brindan a la ciudadanía, no con la adquisición de patrullas, sino apostando a elevar los estándares de calidad de sus cuerpos de seguridad. Baja California, Sonora, Tabasco y Tlaxcala, son algunas de las entidades cuyos órganos de seguridad cuentan con una certificación CALEA (Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies); ejemplos más cercanos son el C5 del Estado de México o el ayuntamiento de Metepec, que también cuentan con este estándar internacional.  

La finalidad de certificarse en CALEA es mejorar la prestación de servicios de seguridad pública, mediante el mantenimiento de un cuerpo de normas (cumplimiento de 160 estándares), desarrolladas por profesionales de la seguridad pública. En otras palabras, los programas de acreditación de CALEA brindan a los cuerpos de seguridad pública una oportunidad para que cumplan voluntariamente con un conjunto establecido de normas profesionales, el cual requiere: 

• Directivas escritas integrales y uniformes que definen con claridad la autoridad, el desempeño y las responsabilidades. 

• Informes y análisis para tomar decisiones de gestión informadas y basadas en los hechos. 
• Preparación para abordar incidentes críticos naturales o provocados por el hombre. 
• Desarrollo y mantenimiento de relaciones comunitarias. 
• Revisión independiente por parte de expertos en la materia. 
• Búsqueda continua de la excelencia mediante revisiones anuales y otras medidas de evaluación. 

La crisis de seguridad pública por la que atraviesa el país debe ser un detonante para adoptar este tipo de herramientas, ya que sin importar las estrategias de seguridad integrales o la adopción de la policía de proximidad, no se puede prescindir de aprovechar las ventajas de CALEA.  

*Consultor en Gobernova  

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