Leobardo Hernández

Al informar que 43% de los reos en México son personas que están en calidad de prisión preventiva, es decir: que no han recibido sentencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó promover un decreto para liberarlos. Los casos de quienes sean candidatos a este beneficio deberán cumplir con características específicas, señaló.

“Son cuatro decisiones que se van a establecer en un decreto presidencial:

1º, internos en las cárceles federales del fuero federal que en 10 años no hayan sido sentenciados y estén en la cárcel por delitos no graves van a ser liberados.

2, adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles, también del fuero federal, que no hayan cometido delitos graves, delitos de sangre, van a ser liberados.

3, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas que estén en la cárcel y que no hayan cometido delitos graves van a ser liberados.

En este caso y en todos se va a seguir un procedimiento simplificado. En el caso de enfermos se le va a pedir a la Secretaría de Salud que haga los diagnósticos correspondientes. El plazo de liberación no va a ser mayor al 15 de septiembre.

Y 4, todo interno en cárceles federales que haya sido torturado, y se compruebe mediante el Protocolo de Estambul, va a ser liberado”.

En tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sáchez Cordero, se refirió a los casos de Israel Vallarta (preso durante 16 años sin sentencia tras un montaje de televisa y el gobierno calderonista); al de Brenda Quevedo, encarcelada por el caso Wallace, donde se ha comprobado la intervención de la acusadora (Isabel Miranda de Wallace) para torturarla dentro los 3 penales donde la han trasladado.

Al respecto, aseguró que se ha ofrecido, en el caso Vallarta, 3 vías para liberarlo; sin embargo, ni la defensa ni él han accedido a los planteamientos. Mientras, en el caso Quevedo, aseguró Olga Sánchez que se registró en el sistema nacional de víctimas para recibir apoyo y atención médica.

Y en este sentido aseguró: “en estos dos casos, la tortura, y subrayo, la tortura y las violaciones a derechos humanos están demostradas plenamente con la prolongación innecesaria del proceso por una parte, los jueces tienen elementos para considerar como violaciones graves al debido proceso y darle el valor probatorio […] En ese sentido, la Secretaría de Gobernación continuará con las diversas actuaciones y diligencias en estos dos casos para que pudieran obtener su libertad”.

El presidente reiteró que la Secretaría de Gobernación ya no es un instrumento de autoritarismo como lo fue durante décadas de gobiernos priistas y panistas, y se ha redirigido su vocación a ejercer “la protección de los derechos humanos y de la justicia”.

(Foto: Presidencia)