Que alguien le explique   

Eric Rosas

En ocasión del foro virtual que sostuvo a finales de la semana pasada la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el secretario de relaciones exteriores de México quiso lucir informado y proactivo, y sugirió que la región debería crear “una aceleradora de patentes y desarrollos tecnológicos” (sic). A reserva de dilucidar en qué consiste una aceleradora como la de la propuesta, conviene resaltar en ésta, tres aspectos que se contradicen con la actuación del gobierno del que forma parte. 

El primero es que no parece ser este el ámbito de atribuciones para los ministros de relaciones exteriores, sino más bien para aquellos que tienen en sus carteras a la ciencia, la tecnología y la innovación, que en el caso de México atañen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), cuya directora general ha estado concentrada en destrozar al sector y a la comunidad científica de nuestro país, más que en construir alrededor de la consolidación de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y el aumento de la capacidad innovadora de la planta productiva. La segunda contradicción radica en que la concepción expresada por el canciller, refiere a una estructura regional que buscaría integrar al sector público y la iniciativa privada en un esfuerzo conjunto por desarrollar tecnología y fomentar la innovación; al mismo tiempo que en el ámbito doméstico se vitupera al sector privado tanto desde el CONACyT como desde la misma presidencia de la República. Y el tercer aspecto reside en que en México la ciencia, la tecnología y la innovación nunca han sido considerados como los pilares del desarrollo económico y social. Las porciones del Producto Interno Bruto (PIB) que tradicionalmente han destinado las administraciones federales al financiamiento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, han estado muy por debajo de los mínimos recomendados por agencias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Pero particularmente en la administración actual, la asignación ha caído a mínimos históricos que rondaban ya apenas un 0.3 % del PIB inclusive antes de la aplicación de recortes por austeridad. 

También conviene reflexionar en que la propuesta del canciller implica alinear los intereses de todos los países de esta región latinoamericana y caribeña tan heterogénea, lo que resulta imposible en la práctica. Y lo que quizá nadie le explicó al canciller es que la tecnología es la aplicación del conocimiento para la solución de problemas específicos. Si pensamos en nuestro país, por ejemplo, muchos coincidiríamos en que nuestras principales calamidades son la inseguridad, enfermedades epidémicas como la diabetes o la obesidad mórbida, o la exposición periódica a catástrofes naturales como los temblores o los huracanes. Sería entonces para estos problemas concretos que enfrentamos en México, para los que a los contribuyentes mexicanos nos gustaría aportar para que se desarrollaran soluciones tecnológicas; sin embargo, podría ser complicado que todos los países convocados aceptaran priorizar nuestras necesidades sobre las suyas propias. 

Con respecto a la aceleración del otorgamiento de patentes – una figura legal de la propiedad intelectual dotada de temporalidad y territorialidad –, se requeriría de la uniformización de la legislación y de la infraestructura de propiedad industrial en toda la región, algo que se antoja casi imposible, pues basta recordar que no hemos logrado algo similar ni siquiera con nuestros principales socios, los norteamericanos. 

Lo anterior, dicho sin aberraciones. 

e.rosas@prodigy.net.mx 

Twitter: @DrEricRosas