Programas de igualdad de género que demuestren su éxito con base en evidencia 

A partir de las manifestaciones del #9M #UnDíaSinNosotras se ha preguntado a diferentes servidoras y servidores públicos sobre las acciones que tomarán sus gobiernos para proteger a las mujeres ante la ola de violencia contra ellas, que alcanzó su récord histórico en 2019, al sumar 10 feminicidios diarios. 

Ramón Cuevas Martínez* 

La respuesta se ha centrado en que se reforzarán las medidas de protección mediante protocolos de atención a mujeres violentadas, y que también se diseñarán otros protocolos para que se brinde un adecuado acompañamiento a las víctimas. Nada nuevo de lo que se ha propuesto en los últimos años. 

Requerimos un nuevo enfoque, de más evaluación y monitoreo de la totalidad de las políticas gubernamentales que se han puesto en marcha para proteger a las mujeres, para estar en posibilidades de verificar cuales funcionan y cuales no funcionan; también es necesario revisar los resultados mostrados en cada una de ellas. 

Por señalar un caso específico, el INMUJERES estableció en el año 2002 el Proequidad y desde entonces se han emitido 17 convocatorias en las que cada año se contemplan proyectos tendientes a mejorar las condiciones de vida de las mujeres, incluyendo temas prioritarios de la Agenda de Igualdad de Género, entre los que están: promover el acceso a la justicia, la igualdad jurídica, los derechos humanos de las mujeres y la no discriminación, así como a una vida libre de violencia; fortalecer las capacidades de las mujeres para ampliar sus oportunidades y reducir la desigualdad de género; potenciar la agencia económica de las mujeres, a favor de mayores oportunidades para su bienestar y desarrollo e impulsar el empoderamiento de las mujeres, su participación y representación en espacios de toma de decisiones en el Estado y consolidar una cultura democrática. 

¿Cuáles han sido los resultados de este programa en los años que tiene funcionando? 

Esta información no solo no está disponible para la ciudadanía, seguramente tampoco lo está para los diputados y diputadas, que durante 17 años le han asignado recursos, y aunque el Proequidad seguramente ha ayudado a muchas mujeres, no ha ayudado a detener la creciente violencia de género. 

Evolucionar antes que reinventar. Las administraciones públicas deben empezar a tomar decisiones más informadas, basadas en la evidencia de la operación de los programas de igualdad de género, para ello el cuerpo de funcionarios operativos y directivos tendrán que desarrollar nuevas destrezas que permitan identificar información y analizar su calidad de manera crítica y sustentada. También deberán aprender a reunir información relevante, además de desarrollar un conjunto de herramientas para evaluar la calidad de esa información, con el propósito de identificar problemas y potenciales soluciones. 

El éxito de haber tomado una decisión o haberla ejecutado debería depender, no de la voluntad de los congresos federal y estatales de asignar recursos para atender la violencia contra las mujeres -esa voluntad seguramente será mucho más fuerte en el PEF 2021- debe depender cada vez más de que los programas desarrollados solucionen el problema planteado, así sea necesario reiniciar el ciclo, reformulando la propuesta inicial o regresando a alguno de los otros pasos del proceso. 

*Consultor en Gobernova 

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