L’État c’est moi 

L’État c’est moi. Esta frase que se atribuye a Luis XIV, El Rey Sol de Francia, resume a cabalidad la actitud absolutista de un monarca que decidía respecto a todos los asuntos de su reino, sin importar que supiera de la materia o la ignorara profundamente. Esta frase se ha usado para señalar el comportamiento de aquellos quienes ignoran o desconocen la historia y pretenden repetirla, al gobernar individualmente y con prácticas dictatoriales, sin tomar en cuenta las opiniones de quienes cuya experiencia y conocimiento podría beneficiar la toma las decisiones. 

Eric Rosas 

La frase, aunque data de la segunda mitad del siglo XVII y para muchos podría no tener cabida en las modernas democracias, como la mexicana, luego de 365 años parece todavía estar vigente y, peor aún, en nuestro propio país. Cuando al referirse a la posible violación de la presunción de inocencia, que sistemáticamente estaría utilizándose como elemento de coerción desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró públicamente hace unos días que “… Santiago [Nieto – el actual titular de la UIF –] no hace nada sin consultar con el presidente [López]…”, reconoció también de manera implícita que es él mismo, López, quien toma las decisiones, inclusive a sabiendas de todas esas presuntas violaciones al derecho constitucional que nos asiste a los mexicanos para presumirnos inocentes y, por consecuencia, del probable atropello al estado de derecho, que él juró proteger. 

La confesión del presidente es muy preocupante y quizá también reveladora. Si a partir de esta lógica absolutista, uno comienza a revisar la actuación de algunos de los encargados en otras dependencias, podríamos identificar patrones que se repiten con alta frecuencia en titulares que acusan públicamente a sus predecesores de haber realizado manejos administrativos cuestionables o francamente incorrectos, pero contra quienes no se muestran evidencias, ni mucho menos se han presentado previamente cargos formales ante las instancias de procuración de justicia, que son a las únicas a las que les compete emitir tales juicios. Ante este escenario, es inevitable suponer la posibilidad de que muchos de los encargados de las dependencias, o quizá todos, actúen sólo como fachadas en un gobierno que decide con base en una sola voluntad, la presidencial. Pero, además, en el que esta única visión, ya sea informada o ignorante del tema, no obedece a la obligación de atender las necesidades e intereses de la nación, sino quizá sólo a vendettas políticas, intereses electorales o de acumulación de poder, u otros desconocidos. 

Cuando las decisiones tomadas por la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se miran a la luz de la declaración del presidente, hay cabida para preguntarse: ¿acaso una verdadera científica podría tomar decisiones que laceran a su propia comunidad?, ¿será posible que todos los destrozos que su directora ha perpetrado contra el CONACyT, tengan realmente el aval del presidente?, ¿cuál podría ser el interés que tendría el primer mandatario para atentar contra la población más informada del país? Lo peor que le puede pasar a un proyecto transformador como el que el presidente López dice abanderar, es caer en la soberbia que llevó a los revolucionarios franceses a proferir que “la República no necesita[ba] sabios”, porque nada está más alejado de la realidad. Para salir adelante, México necesita a la ciencia y a sus científicos, sobre todo a los jóvenes. 

Lo anterior, dicho sin aberraciones. 

e.rosas@prodigy.net.mx 
Twitter: @DrEricRosas 

(Foto: Retrato del Rey Sol por Hyacinthe Rigaud, Wikipedia)

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