Leobardo Hernández 

El deficiente diseño hidrológico de la minera Buenavista del Cobre S.A. de C.V., empresa de Grupo México, propició el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi el 6 de agosto de 2014, catástrofe ambiental considerada la más grave de la historia contemporánea, que no se ha resuelto pese al compromiso de la empresa para resarcir el daño. 

Así lo expuso la titular de la Secretaría de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursoso Naturales, María Luisa Albores, quien explicó que dicho desastre afectó a comunidades de 8 municipios y, tras 10 años del terrible suceso no se ha resarcido el daño y, en complicidad con las autoridades ambientales del gobierno del priista Enrique Peña Nieto, se había dado por cerrado el caso.  

De acuerdo con la funcionaria, tras el derrame, la empresa se comprometió a reparar el daño a través de un fideicomiso de 2 mil millones de pesos; sin embargo, se reportó el ejercicio de sólo 1,323 mdp. De esta cifra, 77 mdp le fueron devueltos a Grupo México; sólo 7.8 mdp fueron entregados a personas afectadas; 71.7 mdp se destinaron a una Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental en Sonora; 32.4 mdp se gastaron en estrategia de comunicación, es decir: publicidad; 185 mdp en tinacos y, 4 mdp se invirtieron en una planta potabilizadora que únicamente operó 2 años.  

Con este pírrico resultado para reparar el daño, la SEMARNAT peñista concretó el 1 de diciembre de 2016 que fueron satisfactorios los programas de remediación; en tanto, la Procuraduría Federal de Protección ambiental (PROFEPA) de la administración priista dio por cumplidas las medidas correctivas dando paso a la extinción del fideicomiso el 7 de febrero del mismo año devolviendo lo no empleado al consorcio.  

Con la entrada de la Cuarta Transformación al poder, en 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordeno emitir nuevas determinaciones respecto al caso, con lo que la PROFEPA de la 4T y la Dirección General Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) desecharon las deliberaciones de la administración peñista; mientras Semarnat, ya bajo el mando de Albores, resolvió que Grupo México no cumplió la reparación del daño y exigió la modificación de sus programas para resarcir la catástrofe.  

De esta manera, se realizó un estudio sobre las repercusiones de la contaminación en el aire, agua, flora y fauna de la región publicado el 28 de septiembre de 2023; la entrega física del diagnóstico a representantes de la cuenca del río Sonora se concretó el 25 de octubre del mismo año.  

La conclusión de este diagnóstico es que el diseño del sistema de presas Tinajas 1, de la minera, fue inadecuado y, por tanto, tiene la completa responsabilidad de la intoxicación del cuerpo de agua.  

Las actuales medidas para subsanar la crisis contemplan la medición de la extracción del agua, drenaje y saneamiento, potabilización del agua, manejo integral de residuos y monitoreo de contaminación atmosférica. 

Por otra parte, la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, informó que se entabla diálogo con los mineros, quienes trabajan sin garantías laborales, por lo que otro compromiso que debe cumplir la empresa es el acceso de los trabajadores a prestaciones de ley.  

En tanto, tras la exposición de la funcionaria en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador acotó, respecto al caso de contaminación, que “hay una denuncia penal en proceso que se está tramitando tanto en Sonora como en la fiscalía general”. 

(Foto: captura de pantalla)