Martha Romero

Los integrantes de la comisión de Protección Ambiental y Cambio Climático, por unanimidad, aprobaron la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que propone crear un apartado de autorregulación y auditoría ambiental con el propósito de garantizar que los procesos productivos y de servicios públicos privados y sociales, se desarrollen de manera sustentable, eficiente y conforme a la normatividad vigente. 

También aprobaron una iniciativa presentada por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista del Estado de México (PVEM) en materia de certificados verdes.

De acuerdo con el dictamen, se propone que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible otorgue la certificación verde a unidades económicas bajo jurisdicción estatal, así como a dependencias públicas, instituciones privadas y del sector social que, de manera voluntaria, asuman compromisos adicionales a los requisitos legales en materia ambiental.

 Lo anterior, promoviendo la adopción de tecnologías limpias y la observancia de los principios de política ambiental establecidos en el marco legal aplicable, por lo que la autorregulación y las auditorías ambientales deberán atender a las definiciones y disposiciones previstas en el Código para la Biodiversidad y demás normas jurídicas aplicables, garantizando su alineación con el marco legal vigente.

El documento precisa que las unidades económicas, instituciones y municipios podrán solicitar por escrito su incorporación al programa de auditoría ambiental, comprometiéndose a implementar procesos voluntarios de autorregulación que les permitan alcanzar mayores niveles de cumplimiento y beneficios en materia de protección ambiental.

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, por sí o a través de la Procuraduría de Protección al Ambiente estatal, podrá concertar procesos productivos y servicios compatibles con el ambiente; promover normas voluntarias más estrictas que las oficiales; establecer sistemas de certificación de productos, procesos y servicios que fomenten patrones de consumo sostenibles; y ejecutar medidas que incentiven a las organizaciones a superar los estándares mínimos de la normatividad ambiental. 

Las organizaciones públicas, privadas y sociales podrán, de manera voluntaria, someter sus operaciones a una auditoría ambiental para evaluar contaminación, riesgos, grado de cumplimiento legal, estándares internacionales y buenas prácticas. Con ello, se definirán medidas preventivas y correctivas que protejan el ambiente.

 Finalmente, el documento detalla que el propósito es fomentar un desarrollo sostenible que no sólo proteja al medio ambiente, sino que también impulse la responsabilidad social y ambiental de las organizaciones, promoviendo una gestión más eficiente de los recursos naturales y mejorando la relación entre las empresas, el gobierno y la comunidad.

(Foto: Especial Portal)