Leobardo Hernández
El Senado de la República hizo oficial la declaratoria de reforma constitucional en materia del Poder Judicial, con lo que el documento fue turnado al Poder Ejecutivo para su promulgación, planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el domingo 15 de septiembre.
“A partir de este momento, el pueblo de México no sólo toma en sus manos la decisión de quiénes sean las personas juzgadoras, sino, abre un camino para toda la humanidad: que nunca más las personas juzgadoras sean producto de una élite contraria a la impartición de justicia y contraria a los intereses de su pueblo.
“Seremos el primer país en que con el voto universal secreto y directo se elijan a jueces mujeres y hombres, magistrados, magistradas, ministros de la corte. La derecha ha dicho que eso no es posible; [...] hemos dado el paso fundamental para separar al poder económico del poder judicial, para acercar la justicia al pueblo, para que las hijas y los hijos del pueblo puedan acceder a las responsabilidades como personas juzgadoras.
“[...] Que se oiga también bien, que se oiga lejos: en México manda el pueblo de México y nadie más, que se vayan acostumbrando, que les vaya quedando claro”, proclamó el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, tras firmar el proyecto de decreto.
El aval definitivo para remitir el dictamen a la cámara de diputados para su aprobación final se dio ante el vacío de senadoras y senadores del bloque opositor. Al respecto, Fernández Noroña expresó que la oposición “está presente en su ausencia. En su intrascendencia, aquellos mismos se han condenado por haber traicionado a los intereses del pueblo. Si están o no están, es insustancial porque el pueblo de México sigue su marcha”.
Mientras tanto, la Cámara de Diputados avaló la remisión del documento al ejecutivo encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien firmará el decreto para publicarlo en el Diario Oficial de la Federación y que entre en vigor la reestructuración del Poder Judicial.
El dictamen fue estudiado y aprobado en los congresos locales, donde más de la mitad de los 32 debía aprobarlo para dar este paso, y así fue en 23 cámaras de diputados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo; Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México.
(Foto: redes, Gerardo Fernández Noroña)
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