Martha Romero

 Tras la aprobación de la reforma judicial en el Senado de la República, los congresos de 12 entidades han respaldado la iniciativa, con lo que faltan por lo menos 5 más para que se concrete oficialmente y pueda entrar en vigor; se prevé que este jueves, en sesión deliberante, los grupos parlamentarios que integran la LXII Legislatura del Estado de México analicen, discutan y, en su caso, aprueben la minuta con proyecto de decreto.

 Con 86 votos a favor y 41 en contra en votación económica, la minuta de reforma judicial fue turnada a los congresos estatales; la propuesta debe ser aprobada por 17 de ellos para que el Poder Ejecutivo pueda promulgarla y publicarla en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor, a menos que algún amparo o medida legal suspenda sus efectos.

 Hasta el momento los congresos de Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Colima, Morelos, Nayarit, Baja California Sur, Tlaxcala, Puebla y Durango, donde la 4T no es mayoría; en tanto, la legislatura de Querétaro, con mayoría opositora, rechazó la iniciativa. Con esto falta la aprobación de al menos 5 entidades para que se concrete.

 En el Estado de México, de las fuerzas políticas del Congreso mexiquense, se ha expresado ya el legislador Francisco Vázquez Rodríguez, coordinador del grupo parlamentario de Morena, quien en sus redes sociales escribió “El poder del pueblo”, frase acompañada de la bandera de México, y también compartió la publicación que la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, subiera a sus redes al respecto.    

 Mientras, el coordinador de los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Elías Rescala Jiménez, en sus redes sociales felicitó a las y los diputados que “con valentía y convicción democrática, defendieron la autonomía del Poder Judicial al votar en contra de una reforma que lo debilita y atenta la división de poderes”.

 El coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Omar Ortega Álvarez, posteó un video donde señaló que el Senado aprobó la reforma al Poder Judicial en una sesión maratónica de 16 horas e inédita por la serie de “atropellos cometidos en contra de manifestantes, detenciones y más, lo que es lamentable”.

 En tanto, Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a través de sus redes sociales, señaló que con ánimo propositivo y constructivo, desde el Poder Judicial analizarán los distintos escenarios para colaborar en la definición del mejor marco normativo, adaptable a las condiciones para la entidad mexiquense y aterrizar la reforma a la Constitución General de la República en materia de administración de justicia.  

 “La autonomía de nuestro estado y su vocación federalista y republicana permitirá que, como siempre ha ocurrido, sus tres poderes tengan una estrecha colaboración para desarrollar la legislación que favorezca al modelo adecuado para la judicatura mexiquense”, resaltó.

 El proyecto de decreto define un procedimiento específico para la elección de jueces, magistrados y ministros por el voto universal, libre, directo y secreto de las y los ciudadanos.

 También elimina el Consejo de la Judicatura Federal y en su lugar establece un órgano administrativo especializado con independencia, autonomía técnica, de gestión y para la emisión de resoluciones, funcional y orgánicamente separado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 Prevé la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial que estará compuesto por cinco magistrados, que también serán elegidos a través del voto popular para que tenga legitimidad democrática e independencia para emitir sus resoluciones; tendrá facultades para recibir denuncias, investigar conductas y sancionar a los servidores públicos del Poder Judicial, con el fin de asegurar el acceso a la justicia, el interés colectivo y el combate frontal contra la discrecionalidad y la corrupción.

 El dictamen establece que las autoridades judiciales, federales y estatales no podrán recibir remuneración superior a la que recibe el titular de la Presidencia de la República, y dispone que cuando se trate de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley.

(Foto: redes)