Ante el grave problema social que representa el llamado “huachicoleo” del agua, enl un contexto donde más del 40% del vital líquido mexiquense es robada o desviada por ductos ilegales, la diputada Zaira Cedillo Silva (morena) planteó que el robo de este recurso sea calificado como un delito grave y se acredite como daño a la nación, para lo cual propuso penas de hasta 30 años de prisión y multas de 2.8 millones de pesos.

En sesión deliberante, la legisladora expuso que la propuesta para reformar el Código Penal estatal califica como delito grave las acciones de extracción, apropiación, restricción o suministro de agua potable, sin contar con el permiso de distribución o la evaluación correspondiente, expedido por la autoridad competente.

Al citar cifras de la Comisión del Agua estatal, la proponente mencionó que, entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024, la Fiscalía General de Justicia de la entidad recibió 37 denuncias por robo de agua, de las cuales, ninguna investigación fue judicializada, debido a que el delito permite a las y los presuntos delincuentes enfrentar este proceso en libertad y resolver el asunto mediante acuerdos reparatorios.

Por lo anterior, la iniciativa además establece estas sanciones a quien, teniendo la obligación legal, no supervise o ejecute el proceso de desinfección de agua potable que se encuentre bajo su responsabilidad; además, si es persona servidora pública se le inhabilitará por un plazo igual a la pena privativa de su libertad impuesta.

También a quien distribuya o suministre agua potable a través de pipas u otro medio sin contar con el permiso correspondiente; a quien la extraiga de una fuente de abastecimiento diversa a la autorizada; a las personas que, sin causa justificada, impidan o restrinjan su flujo destinado al servicio de las personas usuarias; y aquellas que, sin autorización o licencia, se apropien de la infraestructura hidráulica, independientemente del uso que se le destine.

De acuerdo con la propuesta, se equiparará al delito de sustracción o apropiación de agua potable si se comercializa o explota; si se almacena, oculta o resguarda para su uso o consumo en cualquier modalidad, y si se transporta, suministra o distribuye por cualquier medio el agua potable sustraída o apropiada.

Asimismo, se sancionará a la persona propietaria, arrendataria, poseedora o detentadora que se ostente como tal de algún predio donde exista una toma que sustraiga o se apropie del agua potable de la infraestructura hidráulica. 

Tras coincidir con el contenido de esta iniciativa, los legisladores Samuel Hernández Cruz (morena) y Pablo Fernández de Cevallos González (PAN) pidieron sumarse a la propuesta, al igual que las legisladoras Martha Azucena Camacho Reynoso (morena), Sara Alicia Ramírez de la O (PT) e Itzel Guadalupe Pérez Correa (PVEM).

(Foto: Especial Portal)