Martha Romero

Por mayoría de votos, el Congreso del Estado de México, en su calidad de Constituyente Permanente, aprobó dos Minutas enviadas por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una en materia de prisión preventiva oficiosa y la otra en materia de simplificación orgánica. 

El decreto de la primera Minuta incorpora la facultad al juez para ordenar la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar en los casos de extorsión, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, así como en los delitos graves el contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. 

Además, señala que los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial.

El documento busca establecer en el texto constitucional que se ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos de extorsión, y de los delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores y sustancias químicos esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados.

Mientras que la segunda minuta, el decreto contempla la desaparición de los organismos autónomos, del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de los órganos reguladores coordinados en materia energética, la Comisión Federal de Competencia Económica, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, transmitiendo sus atribuciones y facultades a las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo Federal.

La finalidad es transversalizar la política de austeridad republicana y los principios constitucionales de las diversas materias que organismos constitucionalmente autónomos y órganos reguladores coordinados en materia energética han tutelado por medio del ejercicio de presupuestos en los que ha existido un dispendio de los recursos a través de macroestructuras burocráticas con toda ciase de bonos, prestaciones y privilegios que van en demérito de la sociedad mexicana.

(Foto: Especial Portal)