Martha Romero 

El acceso a la información pública y la protección de los datos personales no son concesiones del poder, sino derechos fundamentales del pueblo, herramientas que les permitan vigilar el uso de los recursos públicos, exigir rendición de cuentas y participar activamente en la vida pública, aseveró el diputado Gerardo Pliego Santana, presidente de la comisión de Combate a la Corrupción.

Por ello, informó que propuso reformar la Constitución Política estatal para sustituir el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) por un esquema en el que cada poder público y órgano autónomo tengan su propia autoridad garante de estos derechos, dotada de autonomía funcional para resolver solicitudes, emitir resoluciones y vigilar el cumplimiento de dichas obligaciones.

Agregó que la propuesta obedece al mandato de armonizar la Constitucional local con el nuevo marco Constitucional nacional en materia de simplificación orgánica de la administración pública, que establece que la autoridad garante local conocería también los asuntos en materia de transparencia de los municipios y dependería del Poder Legislativo, por lo que sería elegida por el Pleno del Congreso Mexiquense.

El también integrante del grupo parlamentario de Morena enfatizó que este rediseño institucional no sólo permite racionalizar funciones y recursos, busca garantizar el acceso efectivo y oportuno a la información al fortalecer el principio de rendición de cuentas en el ámbito municipal, que históricamente ha sido el más opaco.

Refirió que la propuesta busca que la autoridad garante local en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales se integraría al Sistema Estatal Anticorrupción, lo cual garantizará su articulación con las instancias de control y fiscalización, favoreciendo un modelo integral de vigilancia y buen gobierno.

Indicó que el pueblo los eligió para transformar, por lo que con esta reforma se avanza hacia un Estado más austero, más transparente y cercano a la gente, lo que realizan con responsabilidad jurídica, pero también con una profunda convicción política y moral porque la transparencia no debe ser privilegio de unos cuantos, sino patrimonio de todos.

Por último, enfatizó que están dejando atrás estructuras que operaban en función de intereses particulares o de élites, construyendo nuevas reglas pensadas para garantizar derechos desde y para el pueblo.