Martha Romero

El Estado de México se encuentra entre las ocho entidades con mayor incidencia de extorsiones. La entidad, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán concentran el 66% de los casos registrados a nivel nacional. 

Ante este panorama, autoridades federales y estatales reforzaron los mecanismos de denuncia anónima y atención especializada, con el objetivo de facilitar que las víctimas reporten este delito y se reduzca la cifra negra.

Ignacio Antonio González García, primer subinspector de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), adscrito al Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión (CADDE) en el Estado de México, explicó que la reciente homologación de la Ley General para Impedir, Investigar y Sancionar la Extorsión modificó el procedimiento para denunciar este ilícito.

Detalló que una de las principales modificaciones permite que las víctimas denuncien directamente a través de la línea telefónica 089 o por correo electrónico, sin necesidad de acudir de manera personal a una agencia del Ministerio Público. 

Añadió que la autoridad tiene la obligación de actuar de manera inmediata, por lo que al levantarse el reporte en automático es asignado un número de folio que no expira y, posteriormente, la información se integra para ser remitida a la Fiscalía de cada entidad.

González García indicó que la línea 089 garantiza el anonimato de quienes denuncian, ya que no solicita datos personales, además de que puede utilizarse desde cualquier teléfono de manera gratuita para generar confianza entre la ciudadanía y combatir el subregistro de un delito que frecuentemente no se denuncia por temor a sufrir represalias.

Subrayó que la nueva legislación amplió las conductas tipificadas como extorsión, al incorporar modalidades como el cobro de piso, montachoques, sextorsión, amenazas a través de plataformas digitales y la imposición de proveedores. 

Indicó que también se endurecieron las sanciones al establecer penas de entre 15 y 25 años de prisión, mismas que pueden incrementarse cuando existan circunstancias agravantes.

Resaltó que las personas sentenciadas por este delito ya no podrán acceder a beneficios como la libertad bajo fianza o la prisión domiciliaria, además de que los servidores públicos que faciliten información para la comisión de una extorsión serán sujetos de responsabilidades penales.

“La extorsión no solo provoca pérdidas económicas, sino también daños emocionales, cierre de negocios e incluso el desplazamiento de personas, de ahí la importancia de denunciar para que las autoridades identifiquen los patrones delictivos y actúen oportunamente”, concluyó.

(Foto: Especial Portal)