Martha Romero 

Datos del Observatorio Nacional de Seguridad indican que a lo largo del último año y a nivel nacional, se registró la comisión de 29 delitos de extorsión, por lo que la cifra negra es del 96.7%, lo que deja en claro que la problemática es mucho mayor y las acciones a tomar deben ser inmediatas, aseveró Mauricio Massud Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem).

Añadió que el delito de extorsión sigue siendo una de las grandes limitantes a la llegada de inversiones, crecimiento y permanencia de las unidades económicas, así como la percepción de seguridad entre la población, además de que el pago de derecho de piso, llamadas de extorsión, la recepción de amenazas y el sobre costo de productos e insumos, ha representado un arancel que ha sido pagado por años.

“Para muchas unidades económicas, el pago de la extorsión se ha convertido en una segunda renta, es una problemática que está asociada de manera directa al cierre de negocios, la pérdida de patrimonio y, por supuesto, a la generación de empleos”, resaltó.

Refirió que el Estado de México se ubica como una de las entidades con los índices más altos en la comisión de este delito al registrar más de mil 500 denuncias, tan sólo en lo que va del año.

Indicó que con el arranque del periodo ordinario de sesiones en el Congreso Federal, se marca un punto determinante para avanzar en el establecimiento de la Ley General contra la Extorsión y con ella, las acciones que deberán emprenderse de manera local para atender la problemática 

Massud Martínez señaló que uno de los principales retos en la materia es conseguir recuperar la confianza de la población para poder realizar las denuncias que alcanzan apenas el 0.2% de los delitos cometidos en esta materia, lo que ocasiona resultados limitados.

Mencionó que los gobiernos de los estados están obligados a asignar recursos propios, inteligencia y difusión de la denuncia para disminuir de manera efectiva el delito de extorsión, pues no solo se trata de homologar tipos penales, sanciones y la línea 089, ya que hay algunos puntos estructurales que no han considerado como la red de corrupción al interior de los centros penitenciarios, que sigue siendo uno de los principales puntos de donde emergen estos delitos.

Por ello, dijo, la propuesta para la implementación de la Ley General contra la Extorsión requiere Reformas a la Constitución, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la ley Contra la Delincuencia Organizada.

Finalmente, indicó que el llamado del sector empresarial es a establecer un ejercicio conjunto que garantice la seguridad de los denunciantes y establezca recursos de manera inmediata en materia de inteligencia, así como inversiones en tecnología que permitan resultados medibles y visibles a la población.

(Foto: Especial Portal)