Martha Romero 

Penas de 10 a 20 años de prisión, así como de mil a mil quinientos días multa a quién sin autorización legal realice, auxilie, coopere, comercie, suministre, compre, reciba, resguarde, transporte consienta o participe en la transportación, almacenamiento, distribución, procesamiento o comercialización de cultivo de maíz genéticamente modificado en la entidad mexiquense, propuso el diputado Gerardo Pliego Santana, integrante del grupo parlamentario de Morena.

Expuso que la iniciativa de reforma al Código Penal estatal busca fortalecer la capacidad del Estado para proteger su patrimonio biológico, cultural y alimentario, dotando al marco jurídico de herramientas punitivas proporcionales a la gravedad del daño potencial, además de responder al mandato constitucional de garantizar el derecho a un medio ambiente sano, a la salud y a la alimentación, así como a las obligaciones internacionales asumidas por México en materia de biodiversidad y derechos de los pueblos indígenas.

Agregó que defender el maíz nativo es defender la vida porque no solo se trata de preservar una especie vegetal sino de salvaguardar la salud pública, la biodiversidad, el equilibrio ecológico, la economía campesina, la identidad cultural y los derechos humanos de las presentes y futuras generaciones, por lo que ignorar esta amenaza implicaría permitir un daño profundo e irreparable que no solo afectaría al campo mexiquense, sino también al bienestar colectivo de toda la población.

Pliego Santana reconoció que esta iniciativa es resultado del foro realizado en julio pasado, así como la valiosa participación activa y comprometida de los integrantes del Movimiento por la Defensa del Maíz del Estado de México, pues con sus aportaciones, reflexiones y propuestas lograron construir una base sólida para la elaboración de la iniciativa que busca proteger y salvaguardar uno de los patrimonios más valiosos de la entidad que es la agro diversidad tradicional.

"Esta participación ciudadana es muestra clara de que, cuando la sociedad y sus representantes trabajan de la mano, es posible avanzar hacia soluciones con visión de futuro y arraigo a nuestras raíces", añadió.

Por ello, dijo, hoy tienen la oportunidad y la responsabilidad de actuar en favor de la vida, territorio, salud y justicia social, no sólo como un acto simbólico, sino como una decisión concreta para fortalecer la soberanía alimentaria al proteger el patrimonio genético de la entidad y colocar al estado como referente nacional en la defensa y protección del maíz nativo como bien común.

Finalmente, indicó que también se busca garantizar el bienestar de los agricultores que cuidan la tierra, pues hay instituciones académicas y científicas que han alertado los riesgos por la siembra de maíz transgénico en México, no solo en el campo sino también en la salud humana y de animales.