Diana Solórzano 

A cuatro años de haber denunciado un presunto acto de discriminación en un cine sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, Slava, una mujer trans, denunció que el proceso para buscar justicia se ha convertido en una nueva forma de violencia, al asegurar que actualmente es revictimizada por las autoridades encargadas de investigar el caso, pues ahora enfrenta una acusación por presunto fraude, derivada de la misma denuncia.

“Tuve un asunto de discriminación dentro de un espacio privado en el cual se me pidió retirarme de un espacio en el que, según la ley de equidad de género, permanecemos todas las mujeres y las mujeres trans. Después denunciamos el acto en redes sociales y comenzó una batalla legal que ha durado cuatro años, en la cual actualmente me están revictimizando porque en la investigación por parte de la fiscalía me están acusando de fraude”, declaró. 

La activista afirmó que defender sus derechos le ha generado consecuencias económicas y personales. Además, denunció que un año después de hacer pública su denuncia fue víctima de un presunto intento de asesinato, así como de amenazas y una constante campaña de violencia digital. 

“Fui objeto de burla en memes, incluso por parte de servidores públicos. Fue una violencia que duró ocho meses; hasta la fecha me duele contar todo ese bullying que recibí en redes sociales, porque todos los días amanecía con publicaciones, fotos y videos burlándose de mí”, relató. 

Asimismo, acusó haber enfrentado actitudes de transfobia por parte de personas encargadas de procurar justicia.

Ante esta situación, la diputada del Partido Verde, Miriam Silva, señaló que el caso de Slava refleja la realidad que enfrentan muchas mujeres trans en el país para acceder a la justicia y ejercer plenamente sus derechos. La diputada anunció que presentará en la Legislatura del Estado de México una iniciativa para imponer sanciones económicas a personas físicas y morales que incurran en actos de discriminación. 

“Las personas morales sólo dejarán de discriminar cuando tengan una sanción económica real, cuando les afecte el bolsillo. A un comercio le duele perder ganancias; por eso la iniciativa que vamos a presentar será para que aquellas personas morales que discriminen reciban una sanción administrativa de carácter económico, porque es una de las formas de frenar estos actos”, indicó.

Finalmente la legisladora indicó que la propuesta será presentada durante el mes del Orgullo LGBTQ+ con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de la comunidad y contribuir a combatir la discriminación y la revictimización que aún enfrentan muchas personas en el país.

(Foto: Diana Solórzano)