Martha Romero 

A pesar de las dos alertas de violencia de género con que cuenta el Estado de México, las políticas públicas han sido un fracaso porque la entidad concentra el mayor número de feminicidios de niñas y adolescentes a nivel nacional, con un total de 833 de 2 mil 636 casos registrados entre 2015 y 2025, advirtió María de la Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). 

Detalló que si bien la primera alerta fue declarada en el 2015 por feminicidio en 11 municipios mexiquenses y la segunda en 2019 por desaparición en 7 demarcaciones, fueron implementadas con el objetivo de garantizar la seguridad de mujeres, adolescentes y niñas, dichas políticas de prevención han sido fallidas porque no se adaptan a las realidades de cada municipio. 

Ante este panorama, señaló que se deben revisar y trabajar bajo territorios, porque no se pueden homologar políticas públicas cuando no se sabe qué es lo que está vulnerando a los municipios, por ejemplo, en el caso de Fátima Quintana la falta de seguridad en escuelas y espacios públicos permitió que los agresores actuaran porque vieron la oportunidad en un Estado que no protege. 

Por ello, dijo, ante la ineficacia de las alertas de género es necesario mejorar la ejecución del Fondo de Reparación porque se requiere transparencia y accesibilidad para garantizar que las familias de las víctimas reciban el apoyo correspondiente.

Estrada Mendoza señaló que además deben de dotar de mayor presupuesto para la prevención, porque la asignación de recursos debe enfocarse en medidas efectivas como refugios, campañas educativas y capacitación en perspectiva de género.

Refirió que también se deben aplicar sanciones para servidores públicos negligentes porque la impunidad se agrava cuando las autoridades encargadas de impartir justicia no cumplen con su labor, así como la reevaluación de las dos alertas al analizar los resultados y rediseñar estrategias para que éstas tengan un impacto real en la reducción de los feminicidios.

Además de la revisión de las dos alertas de género que están activas en la entidad, resaltó que otra de las demandas es la creación de un programa de seguridad con enfoque en escuelas y transporte público, así como la atención a familias de víctimas con protocolos claros para evitar revictimización.

Finalmente, indicó que si bien ya hubo una primera reunión con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en enero de este año, incumplió un segundo encuentro pactado para el 25 de marzo, por lo que el 25 de abril enviaron un oficio para reactivar la mesa técnica de trabajo, pero aún no hay respuesta.