Martha Romero 

Hasta 30 años de prisión podrán recibir quienes cometan ataques con sustancias corrosivas o químicas bajo circunstancias agravantes, de acuerdo con las reformas al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, que entraron en vigor este martes.

Las modificaciones, publicadas en la Gaceta del Gobierno, establecen sanciones específicas para quienes agredan intencionalmente a otra persona mediante el uso de ácidos, sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas o inflamables, líquidos a altas temperaturas, gases, explosivos, álcalis y otros compuestos químicos similares.

De acuerdo con las nuevas disposiciones, estos ataques serán castigados con penas de cinco a 10 años de prisión y de 100 a 200 días multa. Cuando las lesiones sean provocadas dolosamente contra mujeres, niñas o adolescentes, la sanción aumentará de ocho a 15 años de cárcel y de 200 a 500 días multa.

En los casos donde las agresiones ocasionen desfiguración permanente en el rostro, cabeza, cuello, mamas o genitales, así como la pérdida o disminución definitiva de las funciones de algún órgano o sentido, las condenas serán de 12 a 20 años de prisión y de 300 a 700 días multa.

Las sanciones podrán incrementarse hasta en una mitad cuando el responsable sea una persona servidora pública que cometa el delito en ejercicio de sus funciones o exista una relación de parentesco, sentimental, afectiva, laboral, docente, de subordinación, confianza o responsabilidad de cuidado entre el agresor y la víctima.

Otro de los cambios relevantes es que el delito se perseguirá de oficio, por lo que las autoridades deberán iniciar las investigaciones correspondientes sin que sea indispensable que la víctima presente una denuncia formal.

La reforma también establece obligaciones para el personal médico, que deberá brindar atención inmediata y prioritaria a quienes sufran este tipo de ataques, preservar las evidencias clínicas y biológicas, así como notificar al Ministerio Público y entregarle los elementos necesarios para las investigaciones.

En caso de incumplir estas responsabilidades, el personal de salud podrá enfrentar sanciones penales y administrativas por obstrucción de la justicia.

Por otra parte, el Estado tendrá la obligación de garantizar que las víctimas sean trasladadas de manera inmediata a unidades médicas de alta especialidad, donde recibirán atención gratuita, integral y continua.

Entre los servicios contemplados se encuentran cirugías reconstructivas, estéticas y funcionales, tratamientos médicos especializados y de largo plazo, prótesis, rehabilitación física y psicológica, además de los suministros necesarios para su recuperación.

También reconoce el derecho de las sobrevivientes a recibir una reparación integral del daño, que incluya compensaciones por las afectaciones económicas y el lucro cesante, así como las medidas necesarias para recuperar su salud, autonomía y calidad de vida.

(Foto: Especial Portal)