Martha Romero 

Tras los señalamientos sobre presuntas irregularidades al interior del penal de Santiaguito, la Comisión de Derechos Humanos estatal (Codhem) solicitó medidas cautelares para proteger los derechos de las personas que acuden a visita familiar, así como garantizar una estancia digna y segura a la población penitenciaria.

Lo anterior derivó de una visita de inspección que realizó después de las denuncias sobre presuntos cobros a familiares y personas privadas de la libertad para recibir visitas, acceder a celdas, disponer de agua y obtener otros servicios dentro del penal. 

Por ello, inició una investigación de oficio a cargo de la Visitaduría Especializada de Atención a Personas Privadas de la Libertad.

Como parte de las primeras diligencias, requirió el informe de ley a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, instancia a la que solicitó la implementación de medidas cautelares.

Personal de la Visitaduría recorrió las áreas de ingreso y registro de visitantes, así como los espacios donde se revisan alimentos, artículos de aseo y las zonas destinadas a la convivencia familiar.

Durante el recorrido también realizaron entrevistas aleatorias a familiares y asentó observaciones sobre la aplicación de los filtros de ingreso al centro penitenciario.

El organismo señaló que los testimonios y observaciones recabados serán analizados como parte de la investigación para determinar si existen posibles vulneraciones a los derechos humanos.

Precisó que dará seguimiento a la investigación sin anticipar responsabilidades y bajo protección de los datos personales, mientras que los señalamientos sobre los presuntos cobros continúan bajo revisión.

Cabe señalar que no es la primera vez que han sido denunciados presuntos cobros y abusos al interior del penal. En 2025 familiares de personas recluidas denunciaron que les exigían pagos de hasta mil 500 pesos para ingresar alimentos y artículos de higiene, así como para permitir el acceso de familiares.

Los señalamientos difundidos recientemente amplían las acusaciones por el presunto cobro por el acceso a celdas, agua y otros servicios, aunque en esta ocasión no se dieron a conocer montos, número de posibles afectados o personas servidoras públicas que pudieran estar involucradas.

(Foto: Especial Portal)