Martha Romero
Lucía, de 46 años, recuperó su libertad luego de 14 años de reclusión en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde fue sentenciada a 43 años y 9 meses de prisión por el homicidio de su cónyuge, y luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) analizará su caso y solicitará al Poder Judicial el beneficio de la amnistía, ésta le fue concedida.
Vivió 9 años con su pareja, un policía auxiliar con el que sufrió violencia física, sicológica, sexual y económica, el día en que se registró el homicidio, el sujeto arribó al domicilio familiar en estado de ebriedad, trató de agredir a Lucía con un cuchillo y después de un forcejeo entre la pareja, ella le quitó el objeto punzocortante y lo lesionó en el tórax. Esta no era la primera vez que su pareja amenazaba con matarla.
La Codhem revisó el expediente y detectó que Lucía enfrentó violaciones a derechos humanos durante el proceso penal, su detención no cumplió con los requisitos constitucionales ni legales necesarios para justificar una captura por flagrancia equiparada y durante la entrevista realizada por los policías aprehensores estuvo en estado de indefensión al no haber contado con la asistencia de abogado.
Posteriormente, el abogado que la defendió omitió invocar la figura jurídica de exceso en la legítima defensa, estrategia que habría proporcionado un contexto diferente a los hechos que se le imputaban, a de que el defensor no solicitó la exclusión de los medios de prueba obtenidos en contravención a derechos humanos, es decir, la declaración de Lucía y la declaración de su hija, que habrían sido cruciales en la decisión del juez al emitir la sentencia condenatoria.
Aunado a ello, se corroboró que por su condición, el caso de Lucía encuadra en diferentes categorías de vulnerabilidad que señala la Ley de Amnistía del Estado de México, como ser mujer y sufrir varios tipos de violencia. Ella vivía con dos hijas, su cónyuge y su suegra en un pequeño departamento rentado que era insuficiente para las personas que lo habitaban, ahí era golpeada constantemente, recibía amenazas, insultos y abuso sexual. Además, tenía rezago educativo, pues sólo contaba con estudios de secundaria y su ingreso no alcanzaba para satisfacer sus necesidades básicas.
"Después de 14 años se hizo justicia, ojalá las leyes volteen a ver el lado humano y no sólo lo jurídico, no se sabe qué tanto se puede dañar, el Penal es un lugar de aprendizaje, la gente puede aprender a superarse, gracias a quien ayudó a que saliera, a la Comisión de Derechos Humanos y a todos quienes intervinieron", explicó Lucía al salir del Centro de Prevención y Readaptación Social de Ecatepec.
Por su parte, la presidenta de la Codhem, Myrna García Morón explicó que después de lo que documentaron los especialistas, encontraron que había una mujer cumpliendo una sentencia por un delito que fue juzgado sin perspectiva de género, sin conocer el contexto de violencia sistémica en el que ella vivió y varios derechos humanos se le violentaron durante ese proceso.
Además, reconoció el trabajo de la sociedad civil, en este caso de La Cana, ya que la coordinación con esta asociación les permitió conocer sobre este asunto, así como la coordinación con las autoridades que participan en el Órgano de Consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en el Estado de México, entre ellas la Consejería Jurídica del Gobierno Estatal, el Poder Judicial del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Seguridad estatal y el Congreso Mexiquense.
(Foto: Especial Portal)
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