Martha Romero

Integrantes de colectivos feministas, organizaciones, defensoras de derechos sexuales y reproductivos coincidieron en señalar que el acceso real al aborto requiere acciones concretas y coordinadas entre el Estado, instituciones de salud, organizaciones y comunidades, por lo que es urgente crear y fortalecer clínicas públicas seguras en la entidad mexiquense que incluya zonas rurales.

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), añadieron que también es de vital relevancia regular de manera efectiva la objeción de conciencia para evitar que sea utilizada como herramienta para la negación del servicio, además de implementar un modelo integral de atención con perspectiva de derechos humanos, enfoque de género y acompañamiento psicológico libre de estigma.

Integrantes de los colectivos Marea Verde Estado de México, la Red de Psicólogas Feministas MX y Católicas por el Derecho a Decidir, hicieron un análisis sobre los avances y retos a un año de la aprobación de la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación en el Estado de México, quienes coincidieron en mencionar que, aunque el marco legal cambió, el acceso real al servicio sigue siendo limitado.

Isabel García, integrante de la Red de Psicólogas Feministas MX, subrayó que la despenalización no ha logrado desmontar el estigma que históricamente pesa sobre quienes deciden interrumpir un embarazo porque muchas mujeres siguen viviendo violencia simbólica y psicológica.

Resaltó que el estigma se traslada a las instituciones, consultorios y pasillos de los hospitales, ya que no todas saben que pueden acudir a un servicio sin ser criminalizadas, por lo que el acompañamiento comunitario continúa siendo crucial ante la ausencia de una red estatal sólida de clínicas que realicen el procedimiento de forma segura, gratuita y accesible.

Por su parte, Ana Ramírez, activista, acompañante y educadora menstrual, recordó que este primer aniversario debe ser un espacio de reflexión crítica más que de celebración institucional, pues la despenalización del aborto no fue un regalo sino una exigencia histórica conquistada por generaciones de mujeres, pero un derecho sin acceso real es una mentira disfrazada de victoria.

Denunció que persisten prácticas discriminatorias en hospitales públicos, desabasto de medicamentos, falta de capacitación del personal de salud y rutas de atención confusas que obligan a muchas mujeres a depender del acompañamiento comunitario o a buscar servicios privados.

Mientras que Maribel Luna, en representación de Católicas por el Derecho a Decidir, presentó hallazgos de un estudio realizado a nivel nacional sobre la objeción de conciencia, realizado junto con colectivas de 19 estados del país, mismo que arrojó que hay falta de claridad normativa y la ausencia de regulación, lo que es un obstáculo constante para la atención.

Resaltó que el personal sanitario no siempre invoca la objeción de manera explícita y se escudan en pretextos como falta de capacitación, insumos o plazos, lo que deriva en retrasos, negación del servicio o envío injustificado a otros hospitales.

Las colectivas coincidieron en señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en 2021, ordenó al Congreso de la Unión armonizar la Ley General de Salud para delimitar de forma precisa la objeción de conciencia, un mandato que sigue sin cumplirse.

Además, dijeron, la despenalización fue solo el primer paso y el reto ahora es garantizar un acceso digno, seguro y sin discriminación en todo el territorio mexiquense, pues negar el acceso al aborto seguro también constituye una forma de violencia contra las mujeres y personas con capacidad de gestar.

“Si el Estado no tiene voluntad política para garantizar nuestros derechos, nosotras sí tenemos la voluntad para exigirlos, defenderlos y ejercerlos”, concluyeron.