Martha Romero

Por mayoría de votos, las, les y los integrantes del Congreso Estado de México aprobaron las reformas a los artículos 248 y 251, así como la derogación de los artículos 249 y 250 del Código Penal con lo que la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación será legal y, por tanto, no se criminaliza a las mujeres por el derecho a decidir sobre sus cuerpos. 

Con el voto a favor de los grupos parlamentarios de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano y una votación dividida del Partido Revolucionario Institucional (PRI), las bancadas coincidieron en señalar que en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se hace historia en el Estado de México.

Si bien la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) votó en contra, y antes de emitir su voto expusieron sus argumentos basados en la defensa de la vida desde la concepción, durante el posicionamiento de la bancada de Morena, las y los siete diputados abandonaron el recinto legislativo, lo que fue criticado por la diputada Selina Trujillo Arizmendi, quien en ese momento fijaba el posicionamiento de su bancada. 

“Es importante enfatizar que confundir el aborto con la interrupción legal del embarazo genera imprecisiones tanto jurídicas como clínicas. El aborto como lo han mencionado con tanta fuerza aquí, los de la bancada del PAN que, por cierto, quiero decirles y señalar que se salieron y nosotros escuchamos sus argumentos. Se me hace una bajeza que no estén aquí escuchando la posición de quienes defendemos la interrupción legal del embarazo”, precisó.

¿Qué dice el dictamen?    

El dictamen integrado por la comisión Para la Igualdad de Género señala que abortar después de las 12 semanas de gestación seguirá siendo un delito y se impondrán de seis meses a un año de prisión, además de cinco a 10 años de cárcel, así como de 50 a 400 días multa cuando ocurra sin el consentimiento de la mujer o persona gestante. 

La pena aumentará en una mitad si la interrupción del embarazo es provocada por personal médico, de enfermería o partería, se acompañará por la suspensión de 3 a 6 años en el ejercicio de su profesión, y la suspensión llegará a 20 años en caso de reincidencia.

Además, por el momento no se contempló el reconocimiento de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), la asignación de presupuestos específicos para realizar este procedimiento de manera gratuita a través del sistema de salud pública, así como la implementación de medidas preventivas y posteriores a una decisión de esta naturaleza.

La diputada sin partido, Paola Jiménez Hernández, aseveró que no se trata de que esta propuesta haya tardado 17 años en ser presentada, sino de reconocer que ha llegado el momento de corregir este rezago legislativo y avanzar hacia un marco jurídico que garantice los derechos de las mujeres mexiquenses, por lo que la aprobación de la interrupción legal del embarazo es un acto de justicia social y una respuesta urgente y necesaria a una realidad que por décadas ha sido ignorada.  

A nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la legisladora Araceli Casasola Salazar destacó que esta victoria es fruto de un trabajo colectivo y de la resistencia de miles de mujeres que durante décadas han luchado por sus derechos, el reto será vigilar y exigir que la legislación se implemente de manera efectiva para asegurar el acceso universal a servicios de salud y educación sexual para las mujeres mexiquenses, pues el derecho a decidir es ley, pero la lucha continúa.

Mientras que la diputada Ruth Salinas Reyes, de la bancada de Movimiento Ciudadano, aseveró que las diferencias ideológicas no fueron un impedimento para que en esta fecha se haga historia en el Congreso Mexiquense donde el sector femenino es mayoría y si bien falta mucho por hacer, el primer paso ya se dio y la Marea Verde seguirá creciendo.  

La legisladora Ana Yurixi Leyva Piñón, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), afirmó que no es un debate sobre cifras de ideologías, sino los caminos que debe de recorrer muchas mujeres por un embarazo no deseado porque no es una decisión sencilla sino un proceso cargado de dudas y muchas veces de profundo dolor, pero además es un acto para saldar la deuda histórica con las mujeres mexiquenses y es el resultado de la lucha por muchos años.

A nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la diputada Gloria Vanessa Linares Zetina refirió que la prioridad del Congreso Mexiquense en mantener la legislación actualizada al cubrir las necesidades de acuerdo a las condiciones sociales para propiciar el respeto irrestricto a los derechos humanos y su consideración prioritaria en las políticas de gobierno.  

Mientras que la diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio consideró que era un día irónico porque el 25 de noviembre debería de abordarse la importancia de proteger y defender los derechos de las mujeres, ya que la interrupción del embarazo no es una solución a los problemas de la mujer, sino que puede generar más sufrimiento para ellas y sus familias.

(Foto: Especial Portal)