Ana María López 

La aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial es apenas el principio. Por un lado, ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces continúan tratando de echarla para atrás, y por otro, viene la discusión de las reformas a la leyes secundarias y la aplicación de la reforma también a los poderes judiciales de las entidades. 

 En conversación con Acta Semanal, Federico Anaya Gallardo, uno de los “maxiabogados” del noticiario del canal de Rompeviento en YouTube, colaborador también del canal de Astillero, Julio Hernández López, litigante al lado de organizaciones defensoras de los derechos humanos, habla de las bondades y los defectos de la reforma y lanza una propuesta para la discusión: que ministras y ministros no esperen en sus despachos que los casos les lleguen, sino que salgan a buscarlos a la realidad.

 También expone sus argumentos a propósito de los intentos del Poder Judicial de hundir la reforma. Uno de los mecanismos es la acción de inconstitucionalidad, que pueden promover las minorías parlamentarias de al menos 33% de los integrantes, pero existe también la controversia constitucional, que puede presentar cualquier órgano de gobierno que considere que hay una violación a la Constitución.

Un antecedente es lo sucedido en 2001-2002, cuando se discutía la ley de derechos indígenas. En la Cámara de Senadores se llegó a un acuerdo de élites para cambiar el texto de la iniciativa Cocopa —la Comisión de Concordia y Pacificación creada para facilitar el diálogo entre el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional—, y eso generó que decenas de municipios indígenas se fueran a la controversia constitucional. ¿Qué le contestó la Corte, que es esta misma Corte de hoy? Les dijo: ‘no, no se puede, porque la Corte no puede poner en duda el fondo de una reforma constitucional; la Corte, lo que hace, es aplicar la constitución, y si el Constituyente Permanente decide cambiar la Constitución, la Corte no puede discutir eso’. Es un argumento muy limpio, y le dieron palo, con ese argumento, a cientos de municipios indígenas.

Luego, en 2011, metimos en el bloque de los derechos humanos la idea de que las garantías que están en la Constitución están reforzadas por los tratados internacionales. ¿Podríamos decir que la Corte, a santo de eso, sí puede poner en duda una reforma constitucional? Ese podría ser un argumento fuerte. Yo creo que la Corte no puede hacerlo, y haría muy mal en usar el argumento de que el Pacto de San José y los tratados internacionales, porque mete muchísima inestabilidad en el sistema.

Pasado mañana, si el Sistema Interamericano evoluciona más a la derecha, vas a tener a Estados Unidos interviniendo en México a través de este sistema. Eso lo habíamos visto venir hace 20 años, cuando litigábamos a favor de los derechos humanos en la Corte y en la Comisión Interamericana. Son buenas instancias, sí, y han hecho cosas maravillosas, pero hay que tener cuidado, hay que tener límites.

Estas instancias entonces no son apolíticas…

No. A final de cuentas todo es político. Nos enteramos de eso muy tarde, porque las cosas más feas de la política siempre se ocultan por un poco de decencia o de pudor. El asunto es: ¿se vale hacer cosas un poco pecaminosas o muy pecaminosas?

¿Se vale tener a Eruviel Ávila? ¿Se vale el voto de Yunes?

Exacto, aunque a mí me preocuparía más tener a Eruviel que a Yunes, porque los que se pasaron a la izquierda primero, van a tener más oportunidades de que les toque algo mejor en el reparto. Estamos en el mercado horripilante de cuánto vale cada voto, pero se nos olvida que detrás hay 85 votos fuertes, incluyen algunos horripilantes verdes, pero no son la mayoría. Yo diría que tenemos 75 votos buenos del movimiento, si somos tremendamente puros, tenemos 60, o sea, tenemos 25 manchados. Pero juntar 60 senadores en un sistema republicano increíblemente complejo como el nuestro es increíblemente difícil.

No se debe olvidar que hubo un proceso democrático que permitió la construcción de esta mayoría. Los 60 senadores y senadoras del movimiento de izquierda son de a deveras, y si es para coronar el objeto que el movimiento está pidiendo, pues se hace. Me tiene impresionado que a nivel popular no he encontrado a nadie que esté defendiendo al Poder Judicial.

Desde su perspectiva, ¿cuáles son las bondades y los defectos de esta reforma al Poder Judicial?

Dos compañeros que vienen de dos mundos distintos de la izquierda, Andrés García Repper, abogado, y Ernesto Isunza, académico, opinan que elegir a los ministros de la Corte sin duda es una buena idea, elegir a los magistrados del Tribunal Electoral, también, pero los dos tenían dudas respecto de elegir a todos los magistrados de circuito y los jueces.

Es complicado elegir a estos dos niveles, es logísticamente un problema, aunque no imposible de resolver. Pero lo que no venía en la iniciativa era cómo se concatenaba eso con la calidad de los servicios jurídicos que se deben dar en los poderes judiciales. Se resolvió, pero nada más un poquito, lo de la carrera judicial con los mecanismos del Comité Técnico de Evaluación.

Sí pueden competir los que acaba de salir de la Facultad de Derecho, pero el comité seguramente pondrá más requisitos, y los jueces y magistrados que quieran participar seguramente van a ir aumentando las exigencias. Un buen Comité Técnico de Evaluación va a elegir al que tenga más experiencia, es decir, a quien tenga carrera judicial.

Otro problema de la implementación es que nadie explicó jamás por qué los circuitos judiciales coinciden casi con los estados de la república, y eso es peligroso. Originalmente, si querías poner en duda un amparo que se había dado en un estado, tenías que ir en el amparo en revisión a otro estado; por ejemplo, si estabas en Tuxtla Gutiérrez, tenías que litigar en Xalapa, pero la ventaja es que era otra élite, y un defecto de la reforma es que respeta esos circuitos judiciales, van a quedar iguales, y el problema es que en cada estado las élites se retroalimentan. No solamente no lo vamos a arreglar, sino que lo vamos a profundizar.

La determinación de los circuitos judiciales la hizo el Consejo de la Judicatura, y no puedes dejar que el Consejo de la Judicatura haga lo que quiera. Eso tenemos que discutirlo en las dos cámaras.

¿Hay algún aspecto de la reforma que implique alguna violación a los derechos humanos?

En realidad, no. No importa cómo elijas o designes a los jueces, lo que importa para los derechos humanos es, uno, si los tribunales tienen o no tienen la capacidad de detener actos de autoridad violatorios. El juicio de amparo es bastante bueno, eso no va a cambiar, entonces no importa cómo los elijas, no hay afectación.

Segundo, en realidad todo depende de cómo educas a los jueces. Los jueces y juezas federales son hoy mucho más sensibles a los derechos humanos que antes. Por eso no podemos perder la carrera judicial, pero con los comités de selección no se pierde. Eso no es problema, no hay violación de derechos humanos. Esto también se tiene que bajar a las leyes secundarias.

También hay que decir qué materias son importantes. Vivimos en una economía capitalista, la libre competencia merece su especialización, pero tenemos un país con 25 a 30% de la población que se identifica como indígena, tal vez deberíamos tener especializados en eso, Y hay que discutirlo en las dos cámaras federales y ponerlo en la ley.

Con la reforma el Consejo de la Judicatura despareció, ¿a quién le corresponden ahora su funciones?

El Consejo de la Judicatura ya no va a existir. La reforma propone separar la parte de organización y administración, ahora va a ser un órgano de administración judicial, y la parte de la disciplina se le quita para constituir un Tribunal de Disciplina Judicial.

Panistas, priistas y demás derechistas se desgarran las vestiduras diciendo que se van a violar los derechos humanos porque se va a crear un tribunal de la Santa Inquisición, que en una sola instancia va a correr a los jueces. La iniciativa del presidente sí tenía un agujero ahí, y en los diálogos nacionales, el diputado de Morena Hamlet García Almaguer dijo ‘eso está mal, no podemos tener una sola instancia, necesitamos dos’, y se metió en la reforma que el tribunal va a tener dos instancias, una especie de salas regionales o de materia que llevan el caso, y luego la sala superior, que revisa. No hay violación de derechos humanos.

Fíjate la hipocresía de la crítica. Ahorita, el que hace el trabajo de la disciplina judicial es el Consejo de la Judicatura, y no dice la Constitución si tiene una instancia o dos, pero igual puede correr a quien quiera. El problema es que no ha corrido a los suficientes. En 24 años ha habido 24 casos en los que ha destituido a alguien, uno por año.

Me da risa que se quejan de que la iniciativa crea un tribunal muy poderoso, y no ven que el Consejo de la Judicatura actual es todavía más poderoso. El sistema, como está, es más violatorio de los derechos humanos que el nuevo.

Un defecto de la reforma es que en el Tribunal de Disciplina Judicial van a ser cinco integrantes en la Sala Superior y luego va a haber salas inferiores. Yo asumo que también vamos a elegir a esos magistrados y magistradas, y entonces van a tener un control democrático y eso va a estar muy bien.

Pero el Órgano de Administración Judicial es como un Consejo de la Judicatura chiquito, y ahí hay un problemón: el Consejo de la Judicatura está formado por el presidente de la Corte, un representante del Ejecutivo y dos del Legislativo, pero ahora el nuevo órgano de administración ya no lo encabeza el presidente de la Corte, sino que va a tener un representante del Poder Ejecutivo, uno del Legislativo y tres del Judicial. El problema es que a estos tres los va a elegir la Corte. Sacamos a la tigresa por la puerta, para que la presidenta de la Corte no controle el órgano de administración, pero dejamos que ella y dos amigos suyos tigres se metan por la ventana. No resolvimos las cosas. El Órgano de Administración Judicial también deberíamos elegirlo.

¿Cómo se aplicará la reforma en los estados de la república?

Aquí hay un detalle importante. Hay que voltear a ver a los gobiernos de los estados de la derecha que podrían imponer una controversia constitucional, precisamente porque la reforma afecta a los poderes judiciales de los estados. Jalisco, por ejemplo, tendría un muy buen argumento: ‘tengo el segundo o tercer sistema judicial más grande del país y me obligas a hacer una elección que es logísticamente muy difícil’.

Entonces la Corte podría tener ahí un argumento fuerte. La reforma al 116, donde obligas a los estados a hacer exactamente lo mismo que la Federación, ¿se sostiene o no se sostiene? Los estados son lugares de experimentación y deberíamos dejarles muchas más libertades democráticas. Este asunto de que lo que haga la Federación a fuerza tienen que hacerlo los estados podría ser un argumento de constitucionalidad fuerte.

Pero los tribunales de justicia de los estados deberían ser los más cuestionados. Si la Corte y el sistema federal tienen defectos, multiplícalos por 10 y vas a encontrar a los estados.

¿En qué se va a concretar la reforma en términos de justicia reales?

Cuando este debate comenzó, la ministra Lenia Batres dijo que se había puesto a estudiar todas las jurisprudencias de los últimos 30 años, y descubrió que la inmensa mayoría tiene que ver con cosas de técnica jurídica que para la personas comunes son intrascendentes. Las referidas al derecho a la vivienda o a la salud las cuentas por decenas, pero las que se refieren al pago de impuestos las cuentas por cientos, porque quien litiga en matera constitucional en el sistema federal son los ricos que no quieren pagar impuestos o que tienen muchas propiedades y quieren mantener sus privilegios.

Hay muy poquitos casos de derechos sociales y aparte no todos llegan a la Corte, no todos se convierten en jurisprudencia, y eso no lo toca la reforma.

En la India, la Suprema Corte tomó la decisión de que cualquier comunicación que llegara, de cualquier persona, podría convertirse en un caso constitucional, y así la Corte se metía a la sociedad.

Necesitamos que los altos tribunales intervengan para hacer justicia y equidad, por lo menos para escucharnos. Pero nuestro sistema dice que los jueces deben estar sentaditos en sus oficinas esperando que les lleguen los casos. Por eso te decía el caso de la India. La Corte allá un día dijo: ‘tenemos que salir a ver qué está pasando en la sociedad y con cualquier pretexto convertir un caso en un asunto constitucional donde yo pueda emitir una sentencia que aplique para todos’. En un extremo, los tribunales constitucionales deberían poder hacerlo, y en el otro extremo, también los jueces de cultura cívica. Estos jueces deberían salir, caminar, ver qué pasa y preguntar si alguien necesita justicia.

En medio estarían los asuntos técnicos, pero hasta arriba, estarían los derechos constitucionales grandes, que son los de grupos vulnerables, mujeres, pueblos indígenas, los asuntos agrarios, los trabajadores, que son quienes, en un régimen capitalista, siempre llevan las de perder. Y en el extremo barrial, chiquito, se necesitan tribunales que salgan, que no estén esperando que les llegue el caso. Nada de esto va en la reforma, pero hay que empezar a discutirlo.

¿Qué opina del papel protagónico del pueblo en esta reforma?

La mayoría de los votos que permitieron esta reforma vienen del movimiento popular, y es un milagro que haya ocurrido así, en México y en todo el mundo es un milagro que se generen cambios así. Entonces hay que cuidar mucho eso.

Una reforma legal tiene que obligar a los ministros y las ministras a ir a visitar a los de abajo. Hay que sacar a los ministros de sus despachos. Eso no está en la reforma, pero hay que empezar a discutirlo.

En la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal hay que discutir cómo están los circuitos judiciales, cuáles son las materias. Ahí el Legislativo tendría que decir: ‘va a haber jueces de distrito de amparo especializados en materia económica, pero también en materia indígena, en materia de derechos de las mujeres, porque tenemos una crisis general de derechos de las mujeres y feminicidio.

Y luego, más en términos de procedimiento, tenemos que discutir la ley de amparo, y hasta donde entiendo hay una propuesta de ley General de Justicia Cívica

En este proceso, aprendimos que hay una parte de la población de México que cree que votar es malo, y votar es una forma de aprender. Cuando lo hayamos hecho veinte veces, vamos a ser todavía más sabios, y no nos vamos a dejar engañar por los Burgoas y los Valadeses.

Fotos: Especial Acta Semanal.