Martha Romero
“Soy Carmen Sánchez, una mujer que hasta el día de hoy ha sobrevivido a 65 cirugías reconstructivas, muchísimos tratamientos de dermatología, terapias físicas y psiquiátricas, acompañadas de un montón de fármacos que me seguirán por el resto de mi vida. Y todo esto es consecuencia de un ataque con ácido al que sobreviví, y como nosotras lo hemos nombrado, es una de las violencias más extremas que existen a nivel mundial, tan solo por debajo del feminicidio”.
Así es como Carmen, oriunda del municipio de Ixtapaluca, estado de México, una mujer que fue víctima de su expareja sentimental, quien le arrojó acido en el rostro y cuerpo, se presenta después de 10 años de que ocurrieron los fatídicos hechos que le cambiaron la vida no solo a ella, sino a su familia entera.
A raíz de este ataque y en búsqueda de justicia, pasó de ser víctima a ser activista, con el fin de defender los derechos humanos de las mujeres, y por ello creó la Fundación Carmen Sánchez, para acompañar a mujeres sobrevivientes de ataques con ácido y sustancias químicas en México.
Esta asociación civil —explica Carmen— nace a raíz de largo y doloroso proceso físico, psicoemocional, social, económico y legal al que tuvo que enfrentarse. En 2021, junto con Ximena Reyes Canseco, también activista e investigadora, decidió acompañar a otras mujeres víctimas de este crimen y que no habían logrado justicia, acceso a una cirugía, a terapia psicológica y que estaban completamente vulnerables. Trabaja con una red de voluntarias especialistas en diversas áreas, que brindan gestiones con clínicas privadas y otras asociaciones civiles que las respaldan.
En la presentación de su página web, la Fundación Carmen Sánchez (fundacioncarmensanchez.org) destaca que en México no existen cifras oficiales del número de ataques con ácido, pero que la organización lleva un registro de 28 mujeres víctimas en las últimas dos décadas. Señala además que de esas 28 víctimas, solo 22 han logrado sobrevivir; la mayoría tenía entre 20 y 30 años de edad. En el 85% de los casos el autor intelectual fue un hombre: cinco de ellos eran parejas y 11 exparejas sentimentales.
También apunta que en el 90% de los casos, el ataque ha ido dirigido al rostro, y que la mayoría se cometieron en la calle, pero cuatro de ellos en la casa o la puerta de entrada, y más del 30% de los ataques se cometieron por dos o más personas: ya sea como actores materiales o como intelectuales. Agrega que en 96% de los juicios no ha habido sentencia, pero cuatro agresores ya fueron vinculados a proceso: tres por feminicidio en grado de tentativa y uno por violencia familiar.
Dice además que las entidades federativas que más reportan estos delitos son la CDMX, Puebla y el estado de México. De hecho, Carmen subraya que esta entidad registra el mayor número de crímenes con ácido o sustancias químicas; solo en julio hubo dos mujeres agredidas con gasolina y alcohol para prenderles fuego, una en Chimalhuacán y otra en Ixtapaluca, quienes estuvieron entre la vida y la muerte; ahora la fundación las apoya en su proceso psicológico, legal, médico, de inclusión social y proceso educativo.
En entrevista con Acta Semanal, Carmen Sánchez cuenta que la Fundación ha acompañado a 15 mujeres en Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Ciudad de México, Tlaxcala, Querétaro y Puebla, y que tienen detectados cerca de 10 casos de mujeres que fueron atacadas con ácido, sin embargo, a pesar de que conocen sus nombres y han tenido un acercamiento con su familia, estas no quieren denunciar el delito por miedo a sus agresores, que gozan de total libertad.
Primero, las amenazas
“Fue un 20 de febrero del año 2014 cuando Carmen Sánchez y cuatro familiares se encontraban en la casa de su mamá, en la colonia Hornos de Zoquiapan, municipio de Ixtapaluca, sitio al que arribó su expareja sentimental y la atacó con ácido“
en las primeras horas de ese día, un acto que fue la culminación de todas las violencias previas que ya había vivido a lo largo de la relación de 10 años que sostuvo con su agresor y con quien procreó una hija.
También fue violencia el proceder de las autoridades, que hicieron caso omiso de todas las denuncias que presentó y a las que nunca les dieron seguimiento, pues Carmen denunció por lo menos en tres ocasiones en la Ciudad de México, una de ellas por tentativa de feminicidio, y no le hicieron caso, y ella considera que si en ese momento le hubieran puesto atención a su historia, detenido a su agresor e iniciado un proceso de investigación, su vida hubiera estado a salvo.
¿Por qué no lo abandonó? Carmen cuenta que, como muchas mujeres, fue amenazada con hacerle daño a ella o a su familia si abandonaba a su agresor, por lo que la violencia que vivió fue en silencio, pues no tenía una figura paterna que la defendiera, ya que su padre había fallecido al poco tiempo de haber iniciado esta relación. Su expareja siempre llevaba consigo una pistola o una navaja en su taxi. Era taxista.
Sentencia histórica
Carmen Sánchez se convirtió en una mujer emblemática desde que la jueza María de Jesús Cabrera, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), sentenció a 46 años y ocho meses de prisión a su agresor, Efrén García Ramírez, el 11 de mayo de 2023. Esta sentencia histórica fue la primera en México y Latinoamérica con la que se castigó un ataque con ácido como tentativa de feminicidio.
Sin embargo, para Carmen no es suficiente, porque si bien esta condena le dio la tranquilidad de que ese hombre no volverá a dañar a otra mujer, ella sigue buscando que sea posible acceder a cada uno de los derechos que fueron vulnerados en su caso sin tener que luchar por ellos, ya que, por ejemplo, no hay protocolos médicos para atender a las víctimas de violencia ácida, por lo que sigue buscando que las instituciones y las autoridades castiguen verdaderamente a los agresores.
Carmen recuerda que al iniciar su reclamo de justicia hace 10 años, las autoridades, la sociedad y los medios de comunicación no hablaban de los ataques con ácido que estaban ocurriendo en México, incluso los ministerios públicos le decían que este delito no existía en el país, y en el Estado de México solo se catalogaba como violencia familiar, violencia física o como lesiones simples, como fue en su caso.
Relata que el médico legista clasificó su carpeta de investigación precisamente como “lesiones simples que no tardan en sanar más de 30 días, menos de 15 y que no ponen en riesgo la vida”. Mal comienzo de su peregrinar por el laberinto de la justicia, porque el ataque sí puso en riesgo su vida; de entrada, la mandó a un hospital por ocho meses sin poder salir y estuvo a punto de morir en varias ocasiones, dejando secuelas que la acompañarán el resto de su vida.
“Son cicatrices irreparables, pero no solo las cicatrices físicas, porque esta es otra parte que también se ha minimizado muchísimo, sino todas estas afectaciones psicosociales que ha dejado este ataque con ácido en mi vida.
“Cuando intenté denunciar este tipo de violencia me decían que no existía, que estaba equivocada, que estos casos solo ocurrían en otros países”
como en el Oriente, pero que aquí en México eso no ocurría.
El ver la falta de conocimiento y empatía de parte de las autoridades y vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, a la información y a la justicia, Carmen cayó en cuenta de que debía salir adelante y buscar a personas que verdaderamente le ayudaran, principalmente mujeres que entendieran que este tipo de violencia es una violencia feminicida. “No me dieron una paliza de la que iba a sanar en 30 días”, recalca.
De víctima a activista
A causa del ataque con ácido, Carmen perdió la nariz, el cuello y la mitad de su rostro, en un acto violento que le arrebató la identidad, porque el agresor trató de desparecerla por completo, y así se dio cuenta que no solo se estaba enfrentando a la violencia machista de un hombre que intentó asesinarla, sino a todo un sistema de justicia penal que minimizó el riesgo de muerte en el que se encontraba.
La atención médica que recibió en el primer año luego de la agresión implicó un gasto de tres millones de pesos, sin contar cada uno de los medicamentos que su familia compraba ni sus visitas al consultorio y terapias.
“Esos tres millones de pesos en un año solo abarcan la parte médica que el IMSS me otorgó y que el ISSSTE también me dio. Si hablamos de tres millones en un año, imagínate, llevo 10 años, y esto sin contar todos los gastos que se han tenido que realizar, como los estudios clínicos, pasajes, medicamentos, la ropa especial que tenemos que usar en los primeros años, y a esto se suman las enfermedades que surgen por tanto medicamento y que implican más medicamentos y hasta dietas especiales”.
“Carmen jamás imaginó que enfrentaría algo peor que el propio ataque con ácido que alteró su vida para siempre. Lo supo cuando pretendió ejercer su derecho a la justicia“
En ese momento decidió que debía pasar de víctima a activista, para defender su propia historia.
Fue entonces cuando conoció a otras mujeres también sobrevivientes de violencia ácida y se enteró de que su caso no era aislado, que los ataques con ácidos sí existían en México, solo que nadie los nombraba y quedaban en los documento policiacos y judiciales como “lesiones simples” o como “violencia familiar”, porque así era como se clasificaban los casos de estas mujeres.
Cuatro años después, en el 2018, Ana Elena Saldaña sufrió un ataque igual en la Ciudad de México. Ana fue la primera mujer atacada con ácido que Carmen conoció. Se dieron cuenta de que los casos eran similares, que las autoridades estaban siendo omisas en las denuncias, en cómo tipificar las lesiones y que minimizaban este tipo de violencia. Así la dos juntas empezaron a impulsar reformas legislativas para castigar los ataques con ácido en cada uno de los estados del país.
Lento avance legislativo
Su lucha por el acceso a la justicia a través de reformas a las leyes se inició en 2019 y han logrado avances en algunos estados. En el Código Penal de Oaxaca se agregó un capítulo sobre alteraciones a la salud de la mujer por razones de género debido al uso de agentes físicos, químicos o sustancias corrosivas; la sanción quedó de 20 a 30 años de prisión. En el Código Penal de Baja California Sur y en San Luis Potosí se adicionó a la ley un capítulo de lesiones cometidas contra la mujer por razón de género, y se castiga con siete a 14 años de cárcel.
El año pasado lograron que Puebla sea el primer estado que reconoce los ataques con ácido como tentativa de feminicidio, y en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se establecieron criterios para definir los ataques con ácido como feminicidio en grado tentativa, en tanto que el Código Penal de la Ciudad de México impone penas de ocho a 12 años de prisión por este delito, penas que pueden llegar a los 30 años, dependiendo de la agravante.
Sin embargo, el estado de México, a pesar de ser una de las entidades donde más ataques de violencia ácida se cometen, no lo ha hecho, por ello Carmen Sánchez resalta la necesidad de que en la entidad se tomen cartas en el asunto, ya que si bien hay una iniciativa de ley para castigar este delito, es necesario que los legisladores de todos los partidos políticos se sumen a esta causa que es real y dolorosa, porque están dejando a las mujeres solas, cuando debería de ser un trabajo en equipo de asociaciones civiles, víctimas y diputados.
“Para todos aquellos que se quieran sumar, esta abierta esta invitación para que podamos robustecer conjuntamente esta iniciativa y podamos obtener esta reforma legislativa que castigue, prevenga y atienda esta problemática social que se vive, sobre todo esta violación a los derechos humanos de la mujeres que están viviendo esta violencia”, puntualizó.
Estas reformas legislativas, detalla la activista, deben ir acompañadas de marcos legales y políticas públicas que prevengan, atiendan y sancionen este delito. La investigación y el juzgamiento de casos de violencia química se deben realizan con la debida diligencia, con perspectiva de género y con el enfoque diferenciado que amerita este delito, o con un análisis de contexto y de acuerdo con lo sugerido en protocolos internacionales de atención a la violencia contra la mujer. La violencia química, los ataques con ácidos y sustancias químicas deben entenderse como un tipo de violencia feminicida, debido a la letalidad de las sustancias que se utilizan.
Además, considera que las y los diputados deben conocer el problema que existe para identificar adecuadamente estos ataques y así poder combatirlo, porque si no conocen el problema no hay manera de que puedan legislar y, desafortunadamente, en algunos estados, por esta razón, siguen dejando penas de cuatro a 12 años, los cuales, para las mujeres que han sobrevivido a esta violencia, no son suficientes, porque en realidad, lo que pretende un agresor al usar estas sustancias no es lastimarlas, sino asesinarlas.
Fotos: Redes sociales.
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Sección: Seguridad y Justicia |
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