Leobardo Hernández
La Ley de Austeridad Republicana, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es una medida integral diseñada para garantizar una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos y combatir la corrupción y la ostentación en el gobierno. Aprobada en mayo de 2019, busca reducir los gastos superfluos del gobierno y redistribuir esos recursos para programas sociales y proyectos de desarrollo.
Uno de los pilares de esta ley es la eliminación de privilegios y gastos excesivos de los servidores públicos. Esto incluye la reducción de sueldos de altos funcionarios, limitando el salario máximo a 108 mil pesos mensuales, equivalente entonces al salario del presidente. Además, se prohíbe el uso de aviones privados y la contratación de seguros de gastos médicos mayores con fondos públicos.
Otro aspecto de la ley es la eliminación de pensiones para expresidentes, un cambio significativo en la tradición política del país. La medida ha recibido opiniones divididas, para algunos es un acto de justicia y austeridad; otros argumentan que podría desincentivar el servicio público de calidad.
No obstante, la iniciativa ha sido impugnada por los partidos opositores (PRI, PAN, PRD y MC). Igualmente, titulares de órganos autónomos, como el del Instituto Nacional Electoral, en ese momento Lorenzo Córdova Vianello, criticaron las medidas que además planteaban la reducción de la burocracia en esas instancias.
Córdova ostentaba, en 2022, un salario mensual de 177 mil 858 pesos. Sin embargo, la sucesora en el cargo acató la ley de austeridad, y cuando Guadalupe Taddei asumió como consejera presidenta, en mayo de 2023, se bajó el sueldo a 120 mil 392 pesos, mientras AMLO ganaba 120 mil pesos 948 pesos.
Megasueldos, el injusto precio de la justicia
Una de las instituciones que más ha mostrado animadversión a las medidas de austeridad del presidente es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos 11 ministros perciben 206 mil 948 pesos libres al mes, más prestaciones como seguro de gastos médicos mayores, computadoras y teléfonos móviles, alimentos, gasolina, traslados y vacaciones pagadas. El gasto asciende a unos 590 mil pesos mensuales para cada magistrado.
El 16 de febrero de 2022, el juez federal de la Ciudad de México Abel Méndez Corona declaró inconstitucional un apartado de la ley que impedía a funcionarios públicos de alto nivel y de áreas estratégicas acceder a cargos empresariales después de su mandato.
La norma establecía que “los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años”.
El párrafo fue eliminado de la ley debido a la acción de inconstitucionalidad promovida por los senadores Miguel Ángel Osorio Chong (PRI), Emilio Álvarez Icaza (sin partido) y Dante Delgado (MC), bajo la premisa de que se vulneraba la libertad de trabajo de los exfuncionarios.
La eliminación de ese pasaje fue avalada por las ministras Norma Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat y los ministros Luis María Aguilar, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar.
Las líneas quitadas a la Ley Austeridad obedecían a dos hechos emblemáticos. El primero, la privatización de ferrocarriles impulsada por el priista Ernesto Zedillo, que entró en vigor el 2 de marzo de 1995, desapareciendo los trenes de pasajeros para entregar la infraestructura a empresas extranjeras que operaban únicamente servicio de carga. En 2001, después de concluir su sexenio, Zedillo se unió al Consejo de Administración de Union Pacific, una de las empresas favorecidas por él mismo con la privatización ferroviaria.
El segundo motivo de este candado, propuesto por AMLO y derribado por la Corte, es el caso de Felipe Calderón Hinojosa, quien como presidente promovió la privatización de la industria eléctrica, desmantelando la Comisión Federal de Electricidad y desapareciendo Luz y Fuerza del Centro, hecho que afectó a 40 mil trabajadores.
Con esto, empresas como Iberdrola se vieron favorecidas para generar electricidad en el país a precios altísimos, aprovechándose de la infraestructura de la CFE. En 2012, al culminar su mandato, el panista entró como consejero independiente de la empresa española, para formalizar su adhesión a la energética en 2013.
Interpretación a conveniencia
Debido a la acción de inconstitucionalidad y a que sólo dos altas funcionarias han decidido acatar la Ley Federal de Austeridad Republicana (Guadalupe Taddei y la ministra Lenia Batres), López Obrador turnó nuevas modificaciones, pues el desacato de los demás servidores obedece al carácter de “irrenunciable” de las remuneraciones y prestaciones. El mandatario propone cambios en la redacción de varios artículos para erradicar estos abusos.
Entre otros cambios propuestos está, en primer término, que se establece en el artículo 116 que la remuneración de ministros de la SCJN, magistrados de circuito, jueces de distrito, magistrados electorales y demás personal del Poder Judicial de la Federación “no podrá ser mayor a la establecida para el presidente de la república en el presupuesto correspondiente y no será disminuida durante su encargo”.
Esto, en contraste con la redacción actual del mismo artículo, que únicamente establece que la remuneración de estos funcionarios “no podrá ser disminuida durante su encargo”, sin especificar que es equivalente o menor a la del presidente de la república.
En el mismo artículo continúa como “irrenunciable” el sueldo de magistrados y ministros; no obstante, la redacción propuesta manifiesta que no podrá ser mayor al percibido por el jefe del Ejecutivo, hecho que no establece actualmente.
Para evitar lagunas interpretativas, una modificación al artículo 127 marca que “La remuneración integral del Presidente de la República incluirá todas las percepciones en efectivo o especie y no podrá exceder el equivalente a 72.04 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización”.
Actualmente, el sueldo mensual del presidente es de 129 mil 432 pesos al mes. Esta suma sería lo máximo que podrían percibir jueces y magistrados a nivel federal.
Por la tangente
No obstante, en los estados también hay interpretaciones “al dedillo”, debido a que estos huecos no han sido bloqueados en la ley de austeridad. Así, el mandato federal aún es baladí en las entidades federativas.
En el Estado de México, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Sodi Cuellar, tiene un sueldo neto de 292 mil pesos mensuales, muy por encima de lo que gana el primer mandatario.
Con la llegada de Delfina Gómez Álvarez al gobierno mexiquense quedó abierta la posibilidad de emular las políticas federales; no obstante, esto se ha quedado en menos que en promesa, pues no existe pronunciamiento respecto a la normatividad de austeridad.
A esto se suma la iniciativa incumplida por el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputadas y Diputados mexiquense de expedir una nueva constitución, oportunidad para legislar al respecto, además de otros temas que prometían abordar en la que llamaron una constitución “de vanguardia”, que no ha pasado a la realidad.
El pasado 9 de febrero, en la conferencia matutina, Diario Portal preguntó al presidente López Obrador sobre los altos salarios de funcionarios estatales. Respetuoso de las autonomías estatales, explicó que, de aprobarse las reformas a la ley de austeridad republicana, los estados se verán obligados a homologar sus legislaciones.
“La reforma que estamos presentando ahora es en el sentido de considerar la austeridad como un asunto de Estado. Es la austeridad de Estado. No solo para uno de los poderes. Si esto se logra, aplica en todos los estados y nadie podrá ganar más que el presidente de la república y se tienen que ajustar las constituciones, las leyes (estatales) al mandato de la ley de leyes, que es la Constitución General de la República”.
El artículo 134 de la Ley de Austeridad Republicana considera que “Los recursos económicos de que dispongan la federación, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán bajo el principio de austeridad republicana y en términos que establezca la ley”, aspecto no considerado actualmente.
Pero no sólo el salario de Sodi Cuellar supera al del jefe del ejecutivo federal. La presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, Martha Patricia Tovar Pescador, recibe cada mes un salario de 157 mil 452 pesos, que con prestaciones supera los 200 mil, mientras los comisionados del Instituto de Transparencia del Estado de México (Infoem) obtienen un sueldo mensual de 162 mil 320 pesos brutos.
En el supuesto, y dependiendo del enfoque de la redacción de una eventual reforma para homologar la legislación estatal con la federal, estos deberían percibir un sueldo máximo de 104 mil 714 pesos, que es el salario mensual de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez o, en su defecto, 129 mil, que es el recibido al mes por Andrés Manuel López Obrador.
