Leobardo Hernández
Las reformas al poder judicial, para recuperar las pensiones, para que la Guardia Nacional se adscriba a la secretaría de la Defensa Nacional y la reforma electoral, entre otras, serán presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero en el Recinto Parlamentario de Palacio Nacional, y no en Querétaro.
Así lo anunció el mandatario este viernes durante su conferencia de prensa matutina. Esta vez no viajará a Querétaro como acostumbra en esa fecha, pues conmemorará la constitución de 1857, promulgada en el recinto legislativo de Palacio Nacional el 5 de febrero de entonces.
Al respecto, precisó que se reunirá con el gobernador de Querétaro antes del 5 de febrero, será la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde Luján quien conmemore la promulgación de la constitución del 5 de febrero de 1917 en ese estado, misma que, de acuerdo con el propio López Obrador, ha perdido su espíritu revolucionario con las reformas establecidas durante los gobiernos priistas y panistas.
En cuanto al paquete de reformas que ha anunciado durante el año pasado y por fin se darán a conocer, enfatizó que ” es lo que pensamos nosotros, nos va a ayudar a tener un marco jurídico acorde con los nuevos tiempos [….] Que podamos reivindicar a los trabajadores luego de esas reformas que aprobaron en el periodo neoliberal… No sé cómo se aprobaron esas reformas a las pensiones, en las que un trabajador termina su vida laboral, y su pensión no es ni la mitad de su sueldo. Eso es lo que queremos resolver, que el trabajador se jubila y reciba su sueldo: el 100%”.
Los ejes de las reformas
Dentro de las propuestas planteadas en anteriores ocasiones destacan la reforma al Poder Judicial, cuyo propósito a grandes rasgos es elegir a los ministros y jueces por voto popular y no por acuerdos hechos entre partidos, así como bajar las prestaciones de estos impartidores de justicia que llegan a percibir hasta 600 mil pesos mensuales; en tanto, la reforma electoral contempla reducir igualmente las percepciones de una “burocracia dorada” que gana más que el presidente, así como reducir el presupuesto asignado a los partidos políticos; mientras la reforma a la Guardia Nacional, que fue revocada por la Suprema Corte en meses pasados, contempla adscribir a esta institución a la Secretaría de la Defensa Nacional con el propósito, según palabras del mandatario, de que no se corrompa como sucedió con la Policía Federal.
En otro rubro, manifestó la urgencia de una contrarreforma a la promovida por Ernesto Zedillo que sustituyó las pensiones con el sistema de Ahorros para el retiro (Afore), dejando a los empleados jubilados con menos de la mitad de su sueldo para su vida sin ejercer, mientras que el regreso del sistema de pensiones garantizaría que reciben el 100% después de jubilarse, a través de un fondo creado por el propio gobierno.
Sobre esta línea laboral, también enviará una iniciativa de reforma que consolide el aumento anual del salario mínimo por encima de la inflación y, finalmente, que las personas con discapacidad y adultos mayores reciban las pensiones del bienestar como derecho constitucional.
El espíritu revolucionario de la constitución de 1857
Es menos conocida la historia de la antecesora de la constitución que promulgó Venustiano Carranza 60 años después, pero el espíritu revolucionario de la constitución del 5 de febrero de 1857 no es menor, y también es fruto de una lucha contra la tiranía.
Ésta se dio después de la llamada revolución de Ayutla contra el dictador Antonio López de Santa Anna, emprendida por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, a la que se unieron posteriormente Melchor Ocampo y Benito Juárez, entre otros.
El conflicto comprendió el movimiento armado contra el régimen de Santa Anna, y su destierro en 1854. Posteriormente se conformó un congreso extraordinario al que convocaron los liberales para elegir presidente interino, que finalmente fue Ignacio Comonfort, cuyo periodo de gestión fue del 11 de diciembre de 1855 al 30 de noviembre de 1857.
Así, la constitución liberal fue producto de varias reuniones entre el congreso constituyente, con base en el plan de Ayutla, para evitar las tiranías y abusos. Se consolidó el 5 de febrero de 1857 con innovaciones legales importantes como la separación de la Iglesia y el gobierno, la prohibición del cobro por servicios religiosos; la libre expresión, pues garantizaba “escribir y publicar escritos sobre cualquier materia” sin sanción alguna; la abolición de la esclavitud, el derecho a la educación y a la explotación de las tierras propias, el sistema electoral democrático, entre otras que para la época eran plenamente renovadoras de la vida pública.
No obstante, la vigencia de este documento fue corta e intermitente, pues entró en vigor el 16 de septiembre del mismo año; sin embargo, 6 años después, con la ayuda de conservadores mexicanos opositores al régimen de Benito Juárez (quien asumió la presidencia de la república en 1858), se instauró el imperio del austriaco Maximiliano de Habsburgo en México, con lo que quedó relegada la constitución liberal. Tras el fusilamiento del último emperador de México, el 19 de junio de 1867, Juárez vuelve a la silla presidencial para gobernar hasta 1972, año de su muerte.
Ese año toma la estafeta Sebastián Lerdo de Tejada, quien gobierna bajo los preceptos liberales hasta 1876, año en que Porfirio Díaz llega al poder que no soltará durante más de 30 años, con lo que el espíritu de la constitución liberal de 1857 queda en el olvido, pues tras la dictadura porfirista se promulga la constitución revolucionaria en 1917, que también estipula grandes avances a la vida pública del país.
(Foto: presidencia)
