Eric Rosas
Sin becas de posgrado
Luego de incumplir el acuerdo alcanzado en las Comisiones Unidas de Educación, y de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados para realizar al menos siete foros de Parlamento Abierto a fin de corregir las incontables fallas que incluía la iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI) presentada por el primer mandatario en diciembre del 2022, y de que en el Senado de la República se violentara a más no poder el proceso legislativo para aprobarla en la Noche Triste del Palacio de Xicoténcatl del viernes 28 a la madrugada del sábado 29 de abril pasado, la nueva LGHCTI, mejor conocida como Ley Buylla, entró en vigor el 9 de mayo de este año.
Por haber sido aprobada sin contar siquiera con los dictámenes correspondientes y en una sesión carente del quórum requerido; además de que en sí misma la iniciativa elaborada por la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) está plagada de errores que vulneran derechos humanos y libertades básicas, es que numerosos miembros de la comunidad científica mexicana han presentado amparos contra su aplicación; mismos que se unieron a los recursos de inconstitucionalidad ingresados por los legisladores de la fracción opositora.
A pesar de ello, en tanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no emita algún fallo al respecto, la Ley Buylla ha venido implementándose de manera acelerada en estos tres meses, con resultados que comienzan a evidenciar los graves daños que causará al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de México en general, pero en particular a aquellos mexicanos, académicos y estudiantes, que tienen como su actividad profesional, laboral y de vida a la investigación científica, el desarrollo de tecnología y la innovación.
La semana pasada tales agravios salieron a la luz en lo referente a la formación de los especialistas que tanto necesita y requerirá aún más nuestro país en las décadas venideras; refresco generacional que durante décadas fue atendido mediante el programa de becas de posgrado. El otorgamiento de becas por parte del CONACyT funcionó bastante bien y en algunos sexenios llegó a alcanzar máximos sin precedente, pero en lo que va de la presente administración el número de jóvenes mexicanos que han podido obtener este apoyo para continuar sus estudios de posgrado en México o el extranjero ha disminuido también de manera histórica.
Con la aplicación de la LGHCTI, el nuevo Sistema Nacional de Posgrados (SNP) del CONACyT ha reclasificado la pertinencia los programas de posgrado que antes estaban incluidos en el Patrón Nacional de Posgrados de Calidad y por ese hecho le garantizaban la beca de colegiatura y manutención a sus estudiantes, pero que ahora, al ser recategorizados por el SNP como carentes de prioridad para la nación, no podrán ofrecer dichos apoyos y dejarán a miles de jóvenes mexicanos sin la posibilidad de continuar su preparación, y a México sin el talento que le ayude aenfrentar los problemas ambientales, de salud, deseguridad, etc., que hoy tenemos.
En esta debacle causada por la Ley Buylla, no sólo ha perdido la inmensa mayoría de las universidades públicas del país, entre ellas nuestra Universidad Autónoma del Estado de México, que estaría perdiendo la clasificación prioritaria de más del 80 % de sus posgrados, con lo cual quizá éstos tendrán que dejar de ofrecerse, sino principalmente la juventud mexicana y, por supuesto, nuestro México mismo.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
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