Martha Romero
La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México, Ana Lilia Herrera Anzaldo, aseveró que cree en las instituciones de justicia y está en contra de la impunidad, aunque está a favor de los derechos humanos, la presunción de inocencia, y no permitirán persecuciones políticas, ello al referirse a los casos del alcalde prófugo de Santiago Tianguistenco y el presidente municipal encarcelado de Toluca.
Mientras que, en el caso de Melisa Vargas Camacho, quién cometió violencia política de género contra la ahora gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, hecho determinado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se limitó a señalar que no está inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y, por tanto, no está limitada en sus derechos políticos.
“Lo que no vamos a permitir tampoco son persecuciones políticas. Está en manos de la justicia, en el PRI como siempre respetamos la ley y las instituciones y que se haga justicia ahí donde sea necesario, pero también quiero decir que se persiga a todos los delincuentes, a toda la gente que falte a la ley y falte a los derechos de las personas sin distingos partidistas”, dijo.
Sobre los espectaculares que aparecieron en días pasados en el Valle de Toluca donde la acusan de apoyar al alcalde de Almoloya de Juárez, presunto deudor alimentario, resaltó que el hecho de que usen su foto y la acusen sin pruebas, es violencia política en razón de género, por lo que se reservará el hecho de actuar legalmente para que todo el peso de la ley caiga sobre los violentadores, aunque sean anónimos o quieran hacerse parecer anónimos.
Herrera Anzaldo recordó que hace unos años comenzó a hacer activismo a favor de los derechos de las mujeres y con el colectivo 50+1 impulsaron dichas propuestas en el Congreso del Estado de México con el 3 de 3 contra la violencia se aprobó en la Constitución local.
“Quiero dejar eso muy claro, los derechos de las mujeres son una causa de vida. Como presidenta del partido les quiero decir que por supuesto cumpliremos estrictamente con la 3 de 3 y la 8 de 8. Este proceso electoral amenaza, lo quiero dejar muy claro, con ser uno más donde la violencia política en razón de género este a la orden del día y no lo vamos a permitir”, añadió.
Por último, afirmó que en el PRI no van a permitir que ninguna candidatura sea ocupada por alguien que no cumpla con la Ley 3 de 3 ni con la 8 de 8, pero vigilarán que los aspirantes no tengan sentencia firme por la comisión de delitos contra la vida y la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, violencia doméstica, violencia a la intimidad sexual, violencia política de género o sean deudores alimentarios.
Cabe señalar que la Ley 3 de 3 prohíbe ocupar cargos de representación popular, ni ser funcionarios públicos a quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar, delitos sexuales y a los morosos en el pago de pensiones alimentarias. Mientras que la Ley 8 de 8 contra la violencia, establece que ninguna persona puede ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, empleo, cargo o comisión en el servicio público.
(Foto: Martha Romero)
