Gabriela Landetta
La propuesta de sancionar con mayor severidad a las empresas que contaminen el agua o a quienes desperdicien el vital líquido, es, sin duda, una medida relevante. Sin embargo se debe garantizar que los recursos recaudados a través de esas acciones realmente se apliquen en proyectos ambientales y en la inversión de nuevas tecnologías que permitan revertir el daño ambiental.
Así lo consideró Luis Felipe Hernández Llop, abogado de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y catedrático desde hace más de 15 años, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México.
En entrevista con este medio informativo, señaló que “claramente, los impuestos ecológicos de facto, está sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los impuestos ecológicos no pueden ser recaudatorios, o sea, no pueden servir para efecto del gasto corriente del gobierno. Los impuestos ecológicos por su naturaleza, son contribuciones especiales que forzosamente deben de utilizarse en procesos que remedien el daño ecológico que se está causando”.
Consideró que no solamente se trata de recaudar a través de sanciones, sino que lo más importante es que todos los mexiquenses contribuyan en el cuidado del medio ambiente y, en ese contexto, el Estado debe generar los mecanismos para poder participar.
“El próximo año va a haber escasez importante del agua y que todavía el agua se desperdicie de forma importante o que de forma impensable se vierta a los cuerpos de agua desechos sólidos urbanos debe ser sancionado ampliamente”, expresó el jurista, quien adelantó que en cuanto vayan a entrar en vigor las nuevas sanciones en materia ambiental se prevé que se organicen foros y consultas con el sector privado para proporcionar toda la información necesaria sobre el tema.
“En los cambios que se vienen en el nuevo Código de Bodiversidad se tiene contemplado un fondo ambiental para sustituir los diversos fondos que actualmente se tienen”, explicó Hernández Llop, quien mencionó que a través de dicho fondo se captarán todos los recursos que se recauden por impuestos y sanciones al medio ambiente y al agua. Es por ello que se espera mayor participación de la sociedad con iniciativas y proyectos ambientales, a fin de que esos recursos regresen con ella, pero de otra manera.
Por otra parte, destacó que tanto la Secretaría de Medio Ambiente como la Propaem requieren mayores recursos y más personal para poder llevar a cabo las acciones que les competen. En el caso de la Procuraduría de Protección al Ambiente, mencionó que cuenta con aproximadamente 200 personas, por lo que es imposible con esa cantidad vigilar todo el territorio mexiquense. Por eso en materia de inspección y vigilancia se requiere una mayor participación ciudadana, ya que no hay capacidad humana para estar vigilando todo el estado.
Antes, durante su conferencia en el Simposio en Materia Ambiental que se realizó en la Facultad de Derecho de la UAEMex, destacó que el derecho ambiental siempre establece fundamentar el cambio de paradigma mental.
“La trascendencia del quehacer que ustedes hacen día a día -dijo a los servidores públicos de la Propaem- no es cualquier actividad del servicio público. No es solamente llevar a cabo una inspección con finalidades, por así decirlo, con fines recaudatorios, sino que su actividad como inspectores ambientales va más allá de la trascendencia, pues su actividad precisamente contribuye para efectos de garantizar el derecho a un medio ambiente sano”.
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