Como integrante del Constituyente Permanente, el Congreso mexiquense aprobó por unanimidad minutas de reforma a la Constitución Política del país en materia de suspensión de derechos a personas violentadoras y morosos alimentarios para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, así como para establecer la edad mínima para ocupar una Diputación o una Secretaría de Estado, enviadas por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
En el primer caso, las reformas establecen que la suspensión de los citados derechos aplicará por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, y por violencia política contra las mujeres en razón de género.
Asimismo, por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa, supuesto en el que la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público. Además, señala que para ser titular de la Fiscalía General de la República se requiere tener ciudadanía mexicana por nacimiento y encontrarse en ejercicio de sus derechos.
La segunda minuta establece que la edad mínima para ser legisladora o legislador deberá ser de 18 años cumplidos al día de la elección, mientras que para ocupar una Secretaría de Estado se requiere contar con la ciudadanía mexicana por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener veinticinco años cumplidos.
Armonizan 62 ordenamientos estatales con recientes reformas constitucionales
El Congreso mexiquense aprobó reformas a 62 ordenamientos estatales para armonizarlos con recientes reformas constitucionales y la expedición de adecuaciones a Leyes Nacionales y Generales, además de la abrogación expresa de distintas disposiciones en atención a las facultades y atribuciones de las entidades federativas.
Con la aprobación de estas modificaciones también se realiza un saneamiento legislativo conforme a criterios jurisdiccionales emitidos por la SCJN que abarcan la supresión total de la vigencia del orden jurídico de ejecución de penas, extinción de dominio, justicia para adolescentes y el uso de la fuerza pública, la inclusión de interculturalidad en los planes de desarrollo, fortalece las medidas de atención al acoso entre niñas, niños, adolescentes y mujeres en escuelas y comunidades, para prevenir y sancionar la tortura, y sobre la igualdad en el indulto a hombres y mujeres presas, entre otras.
Como parte de esta armonización, también se avalaron reformas a la Ley de Seguridad del Estado de México a fin de homologarla con criterios emitidos por la Suprema Corte de conformidad con la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 88/2018.
(Foto: Especial Portal)
