En una de esas
Eric Rosas
El viernes pasado se hizo público el proyecto de dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de Educación de la Cámara de Diputados y éste resultó idéntico en el fondo al anteproyecto que ya se había filtrado días antes, e igual también al texto de la iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (sic) que entregó el titular del Poder Ejecutivo Federal en diciembre del 2022 y fue elaborado por la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).
Esto a pesar de los múltiples llamados que durante varios meses, pero sobre todo en los más recientes, incontables académicos a lo largo y ancho del país hicieron a los diputados de la alianza oficialista que integran estas dos comisiones para que continuaran con la realización de los cinco foros de parlamento abierto faltantes, del mínimo de siete a los que se comprometieron, pues en la propuesta del primer mandatario se identificaron innumerables riesgos, como la pérdida de libertad de investigación; el incumplimiento pleno del derecho a la ciencia; la participación de las fuerzas armadas en la definición de la agenda nacional en estas materias; o las restricciones a la concurrencia del financiamiento privado; entre otras.
Con la publicación del dictamen igualmente trascendió que el partido mayoritario en la Cámara Baja propondría algunos cambios cosméticos para intentar que avance en comisiones este 25 de abril y el jueves 27 pase al pleno, en donde para su aprobaciónbastará con la mayoría simple que pueden fácilmente acumular sumando los votos del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México. Tal cual se anticipaba desde que se supo que la titular del CONACyT estaba redactando la pieza legislativa, hace algunos años, la iniciativa oficialista terminará siendo aprobada en la Cámara de Diputados sin ningún cambio, mejora ni corrección sustantivos y, salvo que algo extraordinario ocurriera, para finales de esta misma semana estará ya en el Senado de la República en espera de su turno.
En el edificio de la avenida Reforma la denominada Ley Buylla seguramente aterrizará en los escritorios del priista Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y de la morenista Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, presidente en la de Educación; aunque, dada la cercanía de la conclusión del actual periodo ordinario de sesiones y el considerable número de pendientes por atender en la Cámara Alta, es posible que su discusión en comisiones se desahogue hasta el ciclo legislativovenidero y con ello México se salvaría momentáneamente de la destrucción institucional que supondría la aprobación irreflexiva de esta ley.
Así, nuevamente se abriría una ventana de oportunidad para que la comunidad científica intentase sensibilizar a los senadores acerca de los peligros que encierra para México la Ley Buylla. Quizá, en tal caso,los académicos de México podrían aprovechar los meses venideros para explicar y difundir ampliamente entre la población, los empresarios, los medios de comunicación e inclusive sus propios colegas, cuáles serían las consecuencias negativas que la eventual entrada en vigor de dicha legislación traería para la investigación científica, el desarrollo tecnológico, y la innovación en nuestra nación. Probablemente este sería un momento irrepetible, en el que habría quesentarse a dialogar tranquila y prolongadamente con los legisladores de todas las fracciones y, en un golpe de suerte, hasta queda claro que todos buscamos lo mejor para el país y para los futuros mexicanos.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
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