Eric Rosas
Esta semana continuará la realización de los foros de Parlamento Abierto convocados por las Comisiones Unidas de Educación, y de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, que presiden la legisladora morenista Flora Tania Cruz Santos y el diputado verde ecologista Javier Joaquín López Casarín, respectivamente. Estos foros dieron inicio el pasado 29 de marzo con una sesión dedicada al análisis del derecho humano a la ciencia y a los beneficios derivados de ésta, plasmado en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948; adoptado por el Estado Mexicano mediante su adhesión al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Civiles el 23 de marzo de 1981 y recogido consecuentemente por nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo tercero.
A pesar de que en dicha sesión abundaron las opiniones en favor de que la iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (sic) presentada por el primer mandatario sí les garantiza a los mexicanos el derecho a la ciencia y a sus beneficios; las evidencias presentadas por los académicos especialistas en esta materia mostraron precisamente lo contrario.
Pero ahora, en el segundo foro del Parlamento Abierto, que tendrá lugar este martes 11 de abril en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la invitación se ha hecho para analizar y discutir las propuestas de políticas públicas de ciencia y tecnología incluidas en la iniciativa oficial. En este sentido, conviene aclarar que efectivamente México requiere con urgencia del rediseño de los programas que han sido desarrollados y aplicados con más o menos eficiencia y efectividad durante el último medio siglo, desde que el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONACyT) fuera fundado, el 29 de diciembre de 1970.
En aquél entonces México y el mundo eran radicalmente distintos a lo que son hoy en día. Muchas de las tecnologías que hoy definen nuestra cotidianidad no existían o aún no estaban totalmente maduras hace medio siglo. Nadie entonces hablaba de la seguridad lógica o ciberseguridad, de la inteligencia artificial, de la seguridad natural —incluida la biológica—, y menos todavía se tenía conciencia del aumento acelerado que estábamos causando a la temperatura media global, mismo que nos traería en pocas décadas a la crisis apocalíptica que ahora enfrentamos.
Resulta obvio que muchas de las políticas públicas relacionadas con el impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación, que fueron planteadas entonces y luego ajustadas con el paso del tiempo por el CONACyT, ya no responden a la realidad del México de hoy y por ello es imprescindible rediseñarlas bajo la óptica de la coyuntura actual y con una visión actualizada del futuro que se nos avecina. Como una de las naciones más importantes en el concierto global, nuestro país está obligado a colaborar en el aumento del conocimiento científico, a participar junto a las naciones más desarrolladas en la creación de infraestructura científica de frontera, para con ello efectivamente cumplir con su compromiso de garantizarle a los mexicanos —y a la humanidad— su derecho a la ciencia. Al mismo tiempo México está llamado a consolidar su integración con la región hegemónica norteamericana y para ello tendrá que implementar políticas públicas que efectivamente le permitan desarrollar tecnologías propias y aumenten la cultura innovadora de nuestra planta productiva.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
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