Estefanía Antonio
Por las deficiencias en las investigaciones, la impunidad y la violencia institucional, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) había concretado este miércoles una reunión con las familias de víctimas de desaparición y feminicidio para pedirles una disculpa pública; sin embargo, horas antes del hecho, la institución lo canceló.
“Este acto se suma a miles de actos de violencia institucional de otras administraciones y, esta institución, el día de hoy está dando un golpe más al duelo de estas familias, es una falta de respeto al dolor y a la lucha”, expresó Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, quien estuvo presente durante la conferencia de prensa emitida por integrantes de Amnistía Internacional y las madres de cuatro víctimas de feminicidio y desaparición.
Ellas son:
• Nadia Muciño Márquez, asesinada en el 2004 y con 18 años sin justicia
• Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en el 2015 y con 7 años de injusticia
• Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017, cuenta con cinco años de injusticia
• Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada en el 2018, cuenta con cuatro años de injusticia
La impunidad y deficiencia de la institución para el tratamiento de, al menos estos cuatro feminicios, está documentado en el informe de Amnistía Internacional: Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México; donde se expone que las autoridades mexiquenses pierden evidencias, no examinan las diferentes líneas de investigación, no indagan lo suficiente y no aplican perspectiva de género en los procesos e investigaciones.
La documentación de la ineficiencia
En dicho informe, también se evidencia que las familias son revictimizadas porque deben invertir tiempo y dinero en investigar y presionar a las autoridades para que realicen su trabajo, y porque frecuentemente son amenazadas y maltratadas por algunas personas responsables de los delitos y, a veces, también por autoridades.
Por tanto, se menciona que, las deficiencias en las investigaciones penales y la revictimización, obstaculizan el proceso judicial y aumentan las probabilidades de que los casos queden impunes, afectando gravemente el acceso de las familias a la verdad, la justicia y la reparación de los daños.
“Estas familias, dignamente están exigiendo lo que es su derecho, están exigiendo tener acceso a la verdad, saber qué pasó con sus hijas, saber quién las desapareció, quien las asesinó, tener derecho a la justicia, que haya sanción para quienes resulten responsables, en un proceso respetuoso de todos los estándares en el acceso a la justicia a las familias y acceso a una reparación integral del daño”, sostuvo Edith Olivares.
Los casos y la evidencia de la injusticia
Desde 2004, la familia de Nadia Muciño ha gastado más de 33 mil pesos, es decir, el equivalente a nueve salarios mínimos, en trayectos relacionados con la búsqueda de justicia.
“Empecé a tener gastos, gastos, gastos, gastos… Gastaba mucho en ir. Cuando me cambiaron la carpeta a Toluca fue un suplicio, ¿no? Porque mi tour era: llegaba a la Fiscalía del Estado de México tempranito, dos-tres horas; me iba al SEMEFO (Servicio Médico Forense), a ver qué había; de ahí me trasladaba a la Federación, también a ver la carpeta; y de ahí me iba a otro SEMEFO… Ya tenía yo estructurada la rutina. A dos cuadras había un comedorcito, y comía, y de ahí ya me iba otra vez. Eso hacía yo siempre”, señaló en el informe de Amnistía Internacional Laura Curiel, madre de Daniela Sánchez Curiel, víctima de desaparición.
Además de ser costoso y requerir tiempo, el informe señala que, buscar justicia en el sistema penal mexiquense y mexicano es peligroso, ya que algunas familias son amenazadas por parte de los responsables del feminicidio de sus hijas, madres o hermanas por lo que piden protección a las autoridades, pero suele ser insuficiente.
“La realidad es que yo me he cuidado sola. Me he cambiado de miles de casas, así me la paso, cuando detecto peligro, me cambio. Ando brincando por todos lados, porque ellos no me han dado una seguridad adecuada”, explicó Laura Curiel.
La disculpa pública existe por ley
La disculpa pública es obligación de Estado pues están incorporadas en diversas leyes mexicanas como la Ley federal de responsabilidad patrimonial del Estado; Ley de Víctimas; Ley de reparaciones; Ley de Amparo y la Ley General de Víctimas, promulgada el 9 de enero de 2013.
Sin embargo, a pesar de que, según los representantes de Amnistía Internacional, el PGJEM reconoció como cierto lo retratado en el informe, la Fiscalía emitió un comunicado en el que señalaron que la disculpa pública será llevada a cabo posteriormente “con objeto de sumar la mayor representatividad posible de víctimas y víctimas indirectas”.
(Foto: captura de pantalla)
