Miguel García Conejo
La consejera Nacional de Seguridad Pública del Estado de México, Jacqueline García, dio a conocer que la entidad mexiquense suscribió a cinco dependencias gubernamentales a la Iniciativa espacios libres de violencia de género.
Informó que esta es una iniciativa que la coordina el secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública junto con la Comisión para prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres; el objetivo es medir en los centros de trabajo el nivel de actos de violencia de género que pueden presentarse y a partir de ahí generar un diagnóstico sobre las acciones a tomar para frenar esta tendencia.
“En mi calidad de consejera nacional de seguridad pública hice la propuesta de hacer una certificación”.
Indicó que con ello el Instituto Nacional de las Mujeres ya obtuvo el respaldo de ONU mujeres para llevar a cabo este análisis. Consiste en que realicen la evaluación dependencias de gobierno a nivel nacional, al menos 300, es decir, 10 por cada Estado.
Esta se realizaría en el Estado de México dentro de la Secretaría de seguridad, Universidad mexiquense, de seguridad, y el Comecyt, los cuales ya estarían en proceso de certificación también se sumaría esta acción el estado de Quintana Roo en donde participaría si fiscalía Jalisco, Guerrero y Michoacán.
Éstos centros de trabajo que buscarían con la certificación inspeccionar cuatro cosas: acoso y hostigamiento sexual (que está en un promedio de 60 y 70% a nivel nacional) conductas violentas por otras sustancias, faltas de respeto falta de tolerancia, y cualquier otro tema que tenga que ver con violencia de género o ataques a la comunidad LGBT.
“De este diagnóstico se determina que tan altos son los niveles en estos cuatro temas en cada centro de trabajo y después se hace un seguimiento lineal se hace una sensibilización al personal y lo impactante de todo de esta certificación es que la tendencia mundial es la mediación” dijo.
El objetivo es enfrentar estos problemas desde la información y la mediación con los trabajadores para sentar las bases que permitan la erradicación de estos males y conductas que afectan a los grupos vulnerables.
Luego de la evaluación y la entrega de información en materia de protocolos se les daría a cada centro inspeccionado dos años para ser nuevamente evaluados tiempo en el que tendría que disminuir considerablemente o erradicar estas prácticas en busca de que estos centros de trabajo sean certificados como espacios libres de violencia.
(Foto: redes, Jacqueline García)
