Leobardo Hernández

 La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que las reformas a la Ley de Telecomunicaciones enviadas al congreso no promueven la censura; sino que plantea la suspensión temporal de plataformas digitales cuyos corporativos incumplan con obligaciones fiscales, vulneración de la seguridad nacional. 

“Es una ley que viene trabajándose desde hace meses, se le incorporó recientemente el artículo para que gobiernos extranjeros no puedan transmitir propaganda política, ideológica en nuestro país, ese artículo se le acaba de incorporar”, señaló durante la mañanera del pueblo de este viernes.

Asimismo, expuso que el artículo que alude a plataformas digitales “no tiene nada que ver con la censura por los contenidos, se está dando una atribución a la agencia, vinculada cuando el SAT establece que hay una plataforma que está violando”. 

En este contexto, y ante señalamientos de diversos actores políticos y medios de comunicación que han interpretado este lineamiento como un acto de censura, la mandataria postuló que “si crea confusión y se piensa que es para censurar, nunca ha sido el objetivo; en todo caso, que se quite el artículo, se modifique la redacción para que quede absolutamente claro que el gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie”. 

En el marco de la desaparición de órganos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Nacional de Competencia Económica, supuestamente creados para regular las telecomunicaciones e impedir las prácticas monopólicas, pero que, desde su perspectiva, funcionaron para lo contrario, manifestó que, en caso de aprobarse el mandamiento citado, quienes llevarían a cabo las acciones de sanción serían otras instancias.

“Al desaparecer el organismo autónomo, pues entonces las atribuciones de ese organismo se separan: una parte en la agencia digital, y otra parte en el nuevo organismo antimonopolio”, precisó.

En este sentido, aseguró, los titulares de la Agencia de Transformación Digital y de la Agencia Antimonopolio están a disposición del Senado de la República para detallar las funciones de dichos órganos ante las y los legisladores, así como de quienes tengan inquietudes respecto a las reformas en estos rubros. 

“Que se abra la discusión, no se trata de imponer nada. Lo que sí, es que ya no va a regresar lo que existía antes [en los gobiernos del PRI y del PAN]”. Al respecto, perfiló la solicitud de un periodo extraordinario para que las reformas se aprueben después del próximo martes, cuando estaba planificada la votación. 

Lo de antes 

El 11 de abril de 2006, todavía en el gobierno del panista Vicente Fox, entraron en vigor las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, conocida entonces como Ley Televisa. Ésta fue aprobada en menos de 6 minutos en el Congreso de la Unión en marzo del mismo año. 

Entre otras observaciones, las reformas no contemplaban ningún mecanismo de transparencia ni regulación de licitaciones, favoreciendo a los dos emporios televisivos: Televisa y TV Azteca, alargó el periodo de concesiones a 20 años, y simplificó el refrendo de éstas con la simple solicitud de los favorecidos; quitó atribuciones a la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) para imposibilitar concesiones.

En el último mes del gobierno del priista Enrique Peña Nieto, se renovaron las concesiones a Televisa y Televisión Azteca, adelantando el proceso 3 meses, pues el término de las vigentes habría sido durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue el 6 de noviembre cuando el ya IFT anunció la extensión de concesiones a Televisa y TV Azteca. La empresa de Emilio Azcárraga Jean refrendó, además de los canales de televisión, el derecho para transmisión de 225 estaciones de radio; en tanto, la televisora del evasor fiscal, Ricardo Salinas Pliego, además de renovar el derecho de transmisión para su señal televisiva, retuvo la transmisión para 179 estaciones radiofónicas. 

Dichas concesiones entraron ya con la duración de 20 años, por lo que, durante 2 décadas, a partir de ese año, conservarán la inmensa mayoría de la señal de televisión y radio pagada con el presupuesto federal, pues la red de transmisión es de todas y todos los mexicanos por mandato constitucional, concedida, no vendida, a empresarios.

(Foto: captura de pantalla)