Luis Sánchez
Una amiga me hizo ver que la conclusión en tiempo y forma del aeropuerto Felipe Ángeles no debía tomarse como logro pues la obligación del gobierno es entregar los proyectos que promete con esa condición. Es cierto, pero también es cierto que nunca había pasado; de ahí que esto parezca tan extraordinario, como extraordinario fue el empleo del presupuesto.
El 9 de julio de 2021, el ingeniero residente encargado de la obra, Ricardo Vallejo Suárez, informó que para ese año el presupuesto asignado para el AIFA, entonces aún en construcción, sería solamente de 3 mil millones de pesos para detallar una obra que tenía avance de 69% y cuyos recursos ya habían sido cubiertos en el presupuesto de los años anteriores.
Incluso, días después salieron algunas notas que avivaron el pronóstico de un proyecto inconcluso; la asignación final fue tomada como “recorte” de presupuesto, hecho falso pues no se trató más que de ejercer lo necesario para concluir el complejo aeroportuario, lo que se puede constatar en Sin sobreprecio y puntual, AIFA estará concluido en 2022: AMLO, publicado por este Portal Diario.
A decir de los medios otrora oficialistas, se esperaba que la asignación para 2021 fuera equivalente a las anteriores; no obstante, ahí sí se habría podido hablar de un sobreprecio de la estructura. Esto pudo exponer una posible “jiribilla” política; pero también pudo existir (confiando en la “buena” voluntad de la oposición) la legítima preocupación por falta de dinero, cómo no.
Al respecto, el propio Vallejo revela, en el documental “Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una obra del pueblo”, que negoció con algunos proveedores descuentos de 3% por sus servicios. Algo diametralmente opuesto al ejercicio de administraciones pasadas que, coludidas con particulares, negociaban para aumentar exponencialmente el gasto.
Basta decir que el Tren México-Toluca, que literalmente dejó tirado Peña Nieto, rebasó lo equivalente al costo “planificado” por el gobierno priista, de 38 mil mdp, alcanzando ya los 103 mil mdp. Acción que ha dejado la postergación de éste al pronóstico reservado, pues el gobierno de la 4T, desde su llegada, anunció la reasignación de recursos (ya otorgados) mientras analizaba algunas muchas inconsistencias en los contratos, por lo que no sería un proyecto prioritario.
El avance hasta octubre de 2021 era cercano al 78%, cifra similar a la reportada en 2018, antes de concluir la gestión del sobrino de Arturo Montiel, aunque era evidente que en ese momento no contaba ni con el 15% en varios tramos.
Mismo caso es el del Nuevo Aeropuerto (undido) de Texcoco, que suplantaría una fuente hídrica por un complejo comercial de “primer mundo”, no antes de haber gastado más de los 300 mil mdp.
Las obras del Tren y de Texcoco habrían sido inversiones privadas; no obstante, el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, en entrevista con Álvaro delgado y Alejandro Páez Varela, detalla que el modelo de inversión sería a partir de un fideicomiso con fondos públicos que posteriormente, con su palabra de honor, los empresarios pagarían, con las ganancias del aeropuerto.
Sin contar los vergonzosos casos de hospitales “inaugurados” en obra negra, las obras que se quedaron en palabras, como la refinería de Calderón, que ha sido el muro más caro en la historia, probablemente del mundo, la construcción de obra pública fue una veta de negocios obscenos en detrimento de la economía popular, de la salud popular, del patrimonio popular… una verdadera ofensa, pues, para quienes delegaron el poder civil a estos mafiosos.
Ahora, el financiamiento del nuevo AIFA fue totalmente con fondos públicos (los que no alcanzaban más que para pagar funcionarios, decían); entregado en tiempo previsto; sin costos extraordinarios, apenas llegó al tope de 75 mil millones de pesos; con mano de obra contratada directamente y únicamente por elementos de gobierno. ¿Esto es una proeza, un logro?
La respuesta es NO, va más allá, es un cambio de paradigma, el que siempre debió ser: que la obra pública debe regirse por la iniciativa pública, con recursos públicos (nuestro dinero, incluyendo a los empresarios que cumplen con su contribución). Se rompió el sacrosanto mito del capital privado como impulsor de progreso que “incluye” a todos.
Con esta construcción es necesario aprehender a exigir que, de verdad, el dinero público sea público y para beneficio público, que se empodere la ciudadanía y revise el historial de los candidatos que deben representarla, no tomarla como herramienta de poder. Esta es la moraleja que debe ir más allá de 2024.
A modo de postdata, acerca de la crítica clasista a la mujer que vendía tlayudas, doraditas o huaraches (como usted quiera), pues un aeropuerto “no es para el pueblo”, dijo un hombre tristemente célebre, retomo las palabras el periodista Arnoldo Cuéllar, parafraseo: si eso es lo que critica la oposición, entonces no hay nada que criticar.
(Foto: Facebook, AIFA)
