Con la presencia de activistas, organizaciones sociales y familiares de personas privadas de la libertad, el diputado Ariel Juárez Rodríguez, organizó el Foro “Hacia un modelo penitenciario que respete los Derechos Humanos”, el primero de varios que se harán en la entidad, en busca de impulsar cambios en el sistema penitenciario para frenar los abusos cometidos contra internos, el respeto de sus derechos y generar oportunidades efectivas de reinserción social.
“La impartición de justicia, es una asignatura pendiente, toda vez que mientras exista la creación de expedientes o de falsos culpables con el objetivo de maquillar las cifras de un sistema fallido, ocasiona en los Centros Penitenciarios, sobrepoblación, o hacinamiento, y por ende violación a derechos humanos, baja calidad en la alimentación y riñas internas”, denunció el legislador.
El también presidente de la comisión del Sistema Penitenciario recordó que de 2019 a 2020, la población penitenciaria tuvo un incremento de 2 mil 381 internos, lo que provocó que el sistema estuviera al borde del colapso, por lo que las y los legisladores tiene la obligación de trabajar de la mano con el gobierno estatal para crear un cambio al interior de los Centros Penitenciarios, terminar con la creación de falsos culpables o simplemente con un sistema de justicia que permita una resolución pronta y expedita.
Denunció que los falsos culpables son personas privadas de la libertad por medios coercitivos como policías que los extorsionan: ministerios públicos, que le confecciona delitos por apariencia, condición económica y social, y estando en prisión les fabrican más conductas delictivas y jueces les otorgan largas sentencias por delitos de alto impacto que no cometieron.
Ariel Juárez consideró que el gobierno estatal debe dejar de aparentar capacitar a las personas privadas de la libertad, y enfocarse en una correcta reinserción y readaptación social, que garantice que al salir tengan la oportunidad de ocuparse en un empleo lícito.
José Humbertus Pérez Espinoza, presidente de la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos señaló que no hay interés por reformar el sistema penal acusatorio, ni por despresurizar las cárceles porque forman parte de una gran red de corrupción. “Dejaron la fiscalía operando con el crimen, porque tenemos policías que se dedican al robo de vehículo, secuestro, robo de transporte”.
Señaló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha reprobado el manejo del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública desde el gobierno de Eruviel Ávila y en el actual de Alfredo del Mazo, y que no se ha cumplido con certificaciones de ministerios públicos, ni en penales, que lleva a la fabricación de delitos de alto impacto y abusos en las cárceles.
Sandra Guadalupe Izquierdo, de la organización Reinserta aseguró que es importante impulsar un nuevo esquema que garantice la reinserción social, como ocurre con el nuevo sistema de justicia para adolescentes que impulsa la organización, para garantizar que los jóvenes regresen a la sociedad, pues anteriormente solo se les veían como enfermos y que el sistema penitenciario debía curarlos.
En el foro, también participó un ex custodio durante 27 años, quien reconoció que en todos los penales se practica la tortura a los internos, el cobro de cuotas por alimentos, dormitorio y para no ser golpeados, lo que deja ganancias de hasta cinco millones de pesos semanales por penal a directivos y al personal.
Diversos testimonios de familiares de “falsos culpables”, señalaron que sus hijos, hijas, hermanos, padres, son víctimas de torturas y de reiterados golpes, por no poder pagar cuotas a los internos que controlan los penales, e hicieron responsable al responsable de centros penitenciarios si atentan contra la seguridad de las personas privadas de la libertad.
“Mi familiar cumplió dos años de salir de un castigo, por una extorsión que no pudimos pagar, lo golpearon con un bat como si fuera piñata”, “a los que no podemos pagar las cuotas, les reducen el alimento”, “mi hijo estuvo en confinamiento por siete meses sin ver el sol”.
El diputado Ariel Rodríguez señaló que hay casos de personas privadas de la libertad que llevan entre 10 y 15 años sin sentencia, por ello el Grupo Parlamentario de Morena impulsó la creación de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario, y busca que se revisen los protocolos de actuación de custodios, la capacitación al personal directivo y revisión a fondo de los 23 penales de la entidad, que haya ministerios públicos certificados e impulsa reformas para que haya castigo severo contra quienes obliguen a menores a delinquir.
(Foto: Especial Portal)
