Miguel García Conejo

El presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones empresariales del Estado de México, Gilberto Sauza Martínez, reprochó que, cuando está por cumplirse el primer bimestre de gobierno de las nuevas administraciones municipales  el sector empresarial no ha tenido una respuesta en lo que refiere al pago de productos o servicios que les adeudan los ayuntamientos, lo que tiene, aseguró, a dos mil unidades económicas en grave peligro de cierre definitivo. 

El líder de los empresarios calificó la situación de crítica para los proveedores que esperan su pago por servicios ya prestados. Explicó que más de 4 mil millones de pesos pendientes de pago y alrededor de 18 mil empleos en riesgo de perderse por la falta de dichos pagos son producto del incumplimiento. 

Expuso que no es solo responsabilidad de las nuevas administraciones sino de la ley y las disposiciones que permiten que los Municipios contraigan deuda que no pueden cubrir. 

“El problema son las capacidades limitadas que tiene hoy el Órgano Superior de Fiscalización para auditar a los municipios en el momento oportuno”. 

Con ello, llamó a hacer una modificación a la Ley que permita que los ejercicios de fiscalización sean sobre el año corriente, no uno ni dos años después, para que la Legislatura valore la decisión de aprobar adeudos a municipios.

En este sentido, demandó que la ley sancione la conducta de falta de pago, la cual actualmente se mantiene  al sostener  que puede ser de desvío de recursos o de falta de transparencia. 

“Necesitamos sanciones y consecuencias ejemplares, no podemos seguir viviendo en un país donde las administraciones son abandonadas en sus últimos días, proponemos sanciones cuando los presidentes municipales no hacen un ejercicio de entrega-recepción como se debe, no se puede dejar la puerta abierta y que el nuevo alcalde llegue y resuelva cómo pueda, este es un trabajo hasta el último día”, expresó. 

Indicó que de esta manera se pueden evitar endeudamientos por encima de las capacidades crediticias de cada institución y hacer un análisis escrupuloso de las condiciones financieras y el manejo responsable de los recursos que son públicos. 

(Foto: archivo)