Ximena Barragán
Según lo que estipula la ley, se requieren 38 millones de votos para que el resultado de una consulta ciudadana sea vinculante. Es decir que en el primer ejercicio democrático de revocación de mandato, tendrá que participar el 40 por ciento del listado nominal, sin embargo, la autoridad electoral aprobó la instalación de únicamente la tercera parte de casillas el próximo 10 de abril.
Una adecuación a los lineamientos de la revocación de mandato aprobada por el Instituto Nacional Electoral para ajustarse a la disponibilidad financiera del organismo, determinó que se instalarán 57 mil 377 casillas, en lugar de las 160 mil que establece la ley.
Aunque el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, responsabilizó al gobierno federal, por sentar un “nefasto precedente” y restringir recursos para los procesos democráticos, limitando el presupuesto disponible para la compra de materiales, que puede ascender a mil 500 millones de pesos, él y sus colegas se han negado a reducir sus sueldos, superiores a los 250 mil pesos mensuales, eliminar sus seguros de gastos médicos, de un millón y medio, terminar los contratos por flotillas de automóviles, que en total suman 250 millones de pesos, o ajustar sus aguinaldos de 500 mil pesos.
Lo anterior, aunado a los comentarios públicos de los consejeros, notas periodísticas y la extensión de limitaciones por veda electoral hasta a presidente municipales, y la falta de disposición en general muestran que “el INE no está a la altura del momento histórico”, considera Gabriela Jiménez Godoy, presidenta de la asociación civil, Que Siga la Democracia.
“Hay municipios en los que no habrá ni una casilla, esto ya es una barrera; de distancia y de tiempo, habrá quien tenga que manejar 3 o 4 horas, o tal vez no tenga dinero para el traslado (…) aunque se presenten muchas personas a las casillas hay una limitante de tiempo: la jornada dura de 8:00 a 18:00 horas, las personas se tardan 5 minutos en emitir su voto, ¿cuántas alcanzarán a hacerlo en cada casilla?”
Si el panorama parece poco alentador, la ciudadanía puede contribuir a la consolidación de la democracia participativa en México, ejerciendo presión social, evidenciando las incongruencias del “guardián de la democracia” e , incluso, dirigiendo oficios al INE para solicitar la instalación del 100 por ciento de casillas, mediante mecanismos como el reciclaje de material utilizado en las últimas elecciones (6 de junio 2021).
Además, pueden contactar vía redes sociales a la A.C. Que Siga la Democracia y participar en la campaña ciudadana de promoción del voto, que comenzó el pasado 4 de febrero y concluirá días antes del 10 de abril (según estipule la veda electoral).
(Foto: redes)
