Eric Rosas
En octubre del 2020 la ciencia sufrió uno de sus más grandes reveses de que se tenga registro en nuestro país en las décadas recientes: el finiquito de 109 fideicomisos públicos, de los que 91 estaban destinados para fondear actividades científicas y tecnológicas. Sucedió en el segundo intento luego de que meses antes la diputada Dolores Padierna, del partido en el poder, retirara su iniciativa tras la crítica generalizada, pero que por órdenes del titular del Poder Ejecutivo Federal se retomó luego por Mario Delgado. En el inter, la fracción parlamentaria aliada al presidente de la República simuló realizar un ejercicio de consulta a la ciudadanía, mediante la organización de un Parlamento Abierto en cuyas tres sesiones se escucharon los muchos y muy sólidos argumentos, vertidos por la comunidad científica en favor de mantener dichos instrumentos financieros, pero a la postre la voluntad del primer mandatario se impuso sobre la razón, a pesar de que en los mismos dictámenes de las conversaciones se aceptaba que los fideicomisos eran convenientes y hasta necesarios para mantener la actividad científica en México, y su finiquito causaría una parálisis que derivaría en una afectación irremediable.
Desde la tribuna matutina se vilipendió a la comunidad científica acusándola —sin fundamento— de ser corrupta y hacer mal uso del dinero de los fideicomisos. El presidente aseguró que en ocho días presentaría las pruebas de sus señalamientos, pero a la fecha han transcurrido casi ocho meses sin que haya mostrado el sustento de sus dichos, simplemente porque se trató de viles calumnias lejanas de la verdad. El primer mandatario prometió que, mediante asignaciones directas, devolvería a las instituciones científicas del país el dinero de los fideicomisos que, por cierto, no era del erario, sino producto de los ingresos propios que obtienen los científicos por la venta de servicios que prestan. Por su parte, Delgado, quien tenía la consigna presidencial de exterminar sí o sí los 109 fideicomisos públicos, aseguró que se usarían los fondos para adquirir vacunas contra la Covid-19 y muchas otras necesidades más, pero al tiempo ha quedado evidenciado que tampoco fue cierto.
El dinero que constituía los 91 fideicomisos para ciencia y tecnología era utilizado para ofrecer becas a estudiantes de posgrado; sufragar los gastos de trabajo en campo requeridos en diversos proyectos de investigación —pensemos, por ejemplo, en estudios relacionados con la biodiversidad o con el cambio climático—; hacer frente a las eventuales depreciaciones del peso mexicano, en la adquisición de equipo científico altamente especializado; mantener instalaciones científicas como los telescopios, las estaciones oceanográficas, etc.; respaldar los compromisos de colaboración científica internacional, que generalmente son multianuales, como la participación de México en el Programa del Horizonte de Eventos, que en 2019 logró construir la primera imagen de un agujero negro; y muchas otras tareas científicas que ahora simplemente no pueden llevarse a cabo y han sumido a la comunidad académica de nuestro país en un retraso que costará muchas décadas revertir.
Pero la principal afectación es la causada a decenas de miles de jóvenes talentosos, estudiosos y trabajadores, que ya no podrán realizar sus carreras científicas. Por ello ese octubre científicos y estudiantes de diversas instituciones del país, salieron a las calles demandando: “Más ciencia, menos obediencia”, y advirtiendo: “No lo olvidaremos y en las urnas se los cobraremos”. El domingo podríamos constatarlo.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
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