Ramón Cuevas Martínez*
“El éxito de un programa podría decidirse por la cantidad de presupuesto que se le asigna, sin embargo, la verdadera evaluación está en apreciar sus resultados”
El término “evaluación” se ha ido diluyendo con el pasar del tiempo, haciendo que cada vez sea menos preciso entenderlo, en gran parte se debe a todo aquello con lo que lo relacionamos; y no está de más decir que desde las aulas se generan ideas -erronas- de que evaluar supone una oportunidad que es exclusivamente para señalar errores, ¿quién no recuerda esa sensación de incertidumbre, incluso temor, cuando se acercaban las evaluaciones?
Esto mismo pasa diariamente en administración pública, en donde se demeritan a aquellas instituciones encargadas de evaluar los programas presupuestarios, por el miedo a que las evaluaciones supongan una mancha política del quehacer público.
Para poder reivindicar el concepto de evaluación, debemos partir de entenderlo como una herramienta de mejora continua aplicable a cualquier proceso, ya sea en lo público, privado, social o inclusive en un ámbito personal; de ahí la famosa frase “lo que se mide, se mejora”, pues es precisamente un proceso de evaluación el que permite medir si algo se realiza conforme a lo que se planea, y poderlo corregir en caso de no ser así.
De manera técnica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entiende a la evaluación desde una perspectiva instrumental, como un sistema conformado por un conjunto de procedimientos técnicos utilizados para la obtención, procesamiento y análisis de información relevante. Esta definición engloba dos aspectos fundamentales; 1) la evaluación es un proceso técnico, es decir, se requiere seguir un rigor metodológico claro respecto al desempeño que se busca medir: y 2) el valor agregado que se obtiene de una correcta evaluación es el procesamiento de información, la trascendencia de evaluar está en el tratamiento que se les da a los resultados de una evaluación.
En el ámbito público contar con procesos de evaluación idóneos puede significar el éxito o fracaso de una administración, pues da un panorama detallado sobre si las acciones gubernamentales verdaderamente funcionan o solo significan un gasto que no representa un impacto real en la vida de las personas.
Un gasto público de calidad debe partir de la reflexión crítica, saber en qué y cómo se está gastando, pero, sobre todo, conocer a profundidad la manera en que los recursos públicos son gestionados y aplicados. Para esto no hay mejor herramienta que el Programa Anual de Evaluación (PAE), un proceso obligatorio para toda la administración pública mexicana y que de acuerdo con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se tiene hasta el 30 de abril de 2021 para ser presentado. Más allá de la normatividad, la evaluación representa una oportunidad para mejorar la toma de decisiones y, por ende, la ejecución del gasto público.
*Consultor en Gobernova
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