Lucio Ramírez Medina
En el ámbito laboral, durante la pandemia que padece el país, las mujeres son las más afectadas al grado de estimarse en una década, el rezago que tendrán en inserción laboral, dado que han tenido que abandonar sus centros de trabajo para atender el apoyo educativo de los hijos y el cuidado mismo de la familia confinada.
Si bien la respuesta del gobierno de la Cuarta Transformación, en los dos años que lleva de gestión, no es del todo afortunada, sino más bien de franco retroceso en las acciones de respaldo para el desarrollo integral de las mujeres, está claro que de ahora en adelante tendrá que aplicarse al máximo para regresar a las mujeres mexicanas a los niveles de conquista de un trabajo digno que tenían hasta antes de la pandemia del Covid-19, a través del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad).
De hecho, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está comprometido a que, en consonancia con la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, el Proigualdad debe ser la política clave del Estado Mexicano para superar las desigualdades históricas entre ambos géneros.
Revertir una década de acceso laboral de las mujeres no será sencillo, pero no habría razón para que el gobierno federal soslayase su obligación prioritaria de reducir la brecha de desigualdad para las mujeres, por lo que la sociedad completa debe estar atenta al cumplimiento de las siguientes responsabilidades:
Potenciar la autonomía económica de las mujeres; generar las condiciones para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos doméstico y de cuidados de las personas entre las familias, el Estado, la comunidad y el sector privado.
Igualmente deberá mejorar las condiciones para que las mujeres, niñas y adolescentes accedan al bienestar y la salud sin discriminación desde una perspectiva de derechos; combatir los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes; posicionar la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos político, social, comunitario y privado; y construir entornos seguros y en paz para las mujeres, niñas y adolescentes. La tarea es urgente, de la mayor prioridad y de elemental justicia.
*Licenciado y Maestro en Periodismo
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