Entre los dilemas planteados por la pandemia de COVID-19 en el mundo desde la perspectiva jurídica están los límites que deben existir desde los estados en cuanto a los controles de las libertades civiles y el acceso y manejo de la información privada del ciudadano, justificando acciones para prevenir la propagación del virus, expresó el académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, José Javier Niño Martínez.
Al dictar la conferencia “Privacidad y libertades civiles ante la crisis global de COVID-19”, en el marco del Coloquio Internacional Virtual “Las transformaciones del estado constitucional en la pospandemia COVID-19”, organizado por la Facultad de Derecho de la UAEM, Niño Martínez afirmó que uno de los retos que debe ser analizado de manera integral y con perspectiva jurídica es hasta qué punto el Estado tiene la facultad de obligar a las personas a usar mascarilla o recabar datos personales como teléfono celular para hacer un rastreo de casos positivos de COVID y en qué punto pierde la capacidad de manejar dicha información.
Otro punto, planteó, son las consecuencias inmediatas y a largo plazo de las medidas que limitan las libertades civiles, tomando en cuenta el tema de la seguridad de las personas en acciones como la restricción de movilidad, a través de esquemas como la cuarentena, la reducción de horario y cierre de fronteras.
Indicó que cualquier política pública que se implemente en México u otros países del mundo debe ser observada de manera integral y no exclusivamente desde el ámbito sanitario.
“A nivel global hay una estrategia de confinamiento en distintos grados y, por otro lado, se han observado distintas maneras de monitoreo, a través de dispositivos tecnológicos, y en ambos casos hay riesgo en las implementaciones, entre las atribuciones que tiene el estado y quienes manejan la información”.
José Javier Niño Martínez agregó que otro aspecto a observar es la persistencia de una crisis económica sostenida en el hemisferio occidental, particularmente durante los últimos doce años, en el marco del ascenso de China como una potencia económica global y los sectores especialmente vulnerables, ciudadanos pobres, trabajadores informales y sin seguridad social, así como los migrantes transnacionales en el mundo.
