En el Estado de México, de las mil 975 mujeres privadas de la libertad que habitan en los penales mexiquenses, apenas 200 son visitadas y por si fuera poco, todas carecen de un lugar digno para pasar sus condenas o procesos, lo que deriva en condiciones de hacinamiento que complican su proceso de reinserción a la sociedad.
Miguel García Conejo
De acuerdo con el informe Especial sobre los Derechos Fundamentales de las Mujeres Privadas de Libertad en la Infraestructura Penitenciaria del Estado de México de la Comisión de Derechos Humanos estatal, después de un año de reclusión, las mujeres son totalmente abandonadas por sus familiares, parejas y redes de apoyo.
Asimismo, se destaca que en la entidad sólo existe un penal edificado para albergar a la población privada de la libertad femenina, por lo que la mayoría de las mujeres que enfrenan un proceso penal o han sido sentenciadas a pasar tiempo tras las rejas, viven con la constante violación de derechos humanos.
Si bien dentro de los penales las redes de apoyo crecen en el sector femenil, donde se detectó un menor grado de cogobierno, el abandono que padecen es derivado de los estigmas sociales que aíslan a las mujeres en prisión, quienes dejan de cumplir el rol que ocupaban como esposas, madres o hijas, por lo que son vistas como culpables del encierro y por ello, merecedoras de un aislamiento total.
Por esta situación, se detectó además que, por estar privadas de la libertad, necesitan dinero para sobrevivir, e ingresan a los talleres penitenciarios, y aunque esto no les genera un salario digno, sí un ingreso que no es proporcionado por sus familiares.
El abandono que vive la población privada de libertad femenil no es excluisiva de los centros penitenciarios y reinserción social, sino una expresión más de la violencia de género a nivel nacional.
(Foto: Graciela López, Cuartoscuro)
