¿Representantes de quién?

Eric Rosas

La administración del presidente López ha resultado ser la más nociva para la comunidad científica mexicana. Desde su llegada a la titularidad del poder ejecutivo no ha cesado la toma de decisiones en perjuicio de la ciencia y la tecnología en México.

Ya sea él directamente o a través de su actual directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), ha ido destruyendo las instituciones encargadas de realizar investigación científica y desarrollo tecnológico en nuestro país, y con ellas también a todos los programas para formación de talento, como el de becas de posgrado, o el de estancias posdoctorales; los de fortalecimiento de la planta de investigadores, como el de repatriación (las cátedras patrimoniales), o el Sistema Nacional de Investigadores; los mecanismos de financiamiento de actividades científicas, como los fondos sectoriales, los mixtos, o los fideicomisos establecidos por los centros públicos de investigación del propio CONACyT.

Respecto de estos últimos y en respuesta a una petición directa del presidente López, la fracción parlamentaria del partido en el poder ya hizo un primer intento por desaparecerlos a comienzos de este 2020.

En aquella ocasión la comunidad científica levantó la voz y encontró resonancia en algunos miembros de las otras fracciones minoritarias en las cámaras de diputados y de senadores. Las comisiones de ciencia y tecnología de ambas cámaras del Congreso de la Unión sesionaron en tres ocasiones en un parlamento abierto, en el que escucharon amplia y detalladamente las múltiples razones por las que es ilegal e inconveniente la disolución de estos fideicomisos que apoyan la investigación científica y el desarrollo tecnológico de nuestra nación.

Como se evidenció en esa oportunidad, los fideicomisos de este sector están debidamente reglamentados, son transparentes y fiscalizados, lo que desmiente las acusaciones infundadas hechas por el presidente, de que han sido malversados; sirven para hacer frente a las características propias de la cooperación internacional en materia de investigación científica y de desarrollo de tecnología, en las que el largo aliento e impredecibilidad de los proyectos requiere de asignaciones multianuales garantizadas; pero más importante aún, no reciben dinero público, sino que se fondean con recursos que generan los propios académicos, lo que implica que su requisa iría contra la ley.

A pesar de todas las razones y evidencias expuestas, el presidente López volvió a instruir a la fracción de su partido que eliminara los fideicomisos y en consecuencia la Comisión de Cuenta Pública de la cámara baja ha presentado un dictamen que se espera se votado este martes 29 de septiembre.

En la iniciativa se reconoce que: “…extinguir los fideicomisos… redundaría en un retroceso para la capacidad del Estado de generar el conocimiento que requiera la sociedad mexicana en el siglo XXI. En este momento se necesita más investigación y desarrollo debido a la pandemia.

La iniciativa provocaría que hubiera menos investigación y desarrollo en el país.”; sin embargo, la mayoría de los legisladores que emitirán su voto podrían hacerlo en obediencia a la orden dada por el primer mandatario y sin anteponer la defensa de los intereses de los ciudadanos que les eligieron, ni el beneficio de nuestro país, ni el de la sociedad mexicana, como debería ser.

Por ello la comunidad científica habrá de registrar lo que finalmente suceda con los fideicomisos, para que pueda votar por quienes verdaderamente le representen, en futuras elecciones.

Lo anterior, dicho sin aberraciones.